Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Se afirma lo anterior, por cuanto los que habitamos esta nación deseamos que se le devuelva la tranquilidad, la concordia, la confianza en sus instituciones, ultrajada por un minoritario grupo de insurgentes e insensatos funcionarios, como representantes populares, que anteponen sus obligaciones oficiales a las ambiciones y aspiraciones de poder, y cuando son sometidos a las averiguaciones judiciales, acuden a las disculpas y argumentos frágiles de defensa, buscando una inocencia difícil de creer.
Durante las últimas semanas, el país viene sufriendo unas rudas acometidas desde diferentes frentes que debilitan la fisonomía civil de la república, el anhelo de vivir bajo el derecho, la paz y la convivencia, generando desconfianza e incredulidad en la sociedad, que nos hace recordar la frase del ex presidente Lleras Restrepo en sus escritos en “Nueva Frontera“, de un país DESCUADERNADO, y no es para menos, cuando la estructura del estado es impregnada y atacada por grupos armados, guerrilla, con una pregunta latente, con ¿quién o quiénes entonces se selló el cacareado acuerdo de paz?, narcotráfico, corrupción administrativa, el house Nariño gate, desplazados, emigración de colombianos en la búsqueda de un mejor mañana, una justicia tímida, pero vigorosa y fuerte para los débiles, manilarga y ancha para los poderosos y lo más grave, no se vislumbra soluciones sociales, fuera de anuncios y frases con efecto mediático a través del Twitter, reemplazando los actos administrativos que son los generadores de los efectos jurídicos.
Ahora bien, preocupa el desconocimiento de la juridicidad, el entrometimiento del ejecutivo en la solicitud de la excarcelación unilateral de insurgentes comprometidos en actividades delictivas y violatorias de los derechos humanos, que bien puede constituir una deslegitimación institucional, donde la frase de Publio Sirio cobra vigencia, “que la absolución del culpable, es la condenación del justo”.
Estamos a tiempo de recobrar la institucionalidad, recuperar “este lindo país“, como lo califica el ex canciller Londoño Paredes en su habitual columna, con un llamado a la clase política, para que deje de lado la permanente preocupación de cómo conseguir unos votos, como montar una coalición que les arroje positivos resultados electorales, aunque sea con los adversarios de ayer, sin soporte ideológico alguno, y sean conscientes que hay que luchar por lo social, que los dineros del erario que son los impuestos sean irrigados en mejorar las condiciones de vida de un elevado número de colombianos que escasamente sobreviven, sin olvidar la frase del maestro Echandía: “en política, se puede meter las patas, más no las manos“.
ADENDA UNO: Desafortunada la frase del min interior de calificar de “cerco humanitario“, el secuestro, los vejámenes, de que fueron objeto 78 policías por parte de los indígenas y campesinos en San Vicente del Caguán, uno de ellos sacrificado o mejor degollado, proceder oficial que solo merece el rechazo social para un funcionario que parece contemporiza con estas actuaciones que bien merece una exhaustiva investigación disciplinaria como política, si en realidad estamos en un estado de derecho.
ADENDA DOS: Le asiste la razón jurídica a la recién deportada señora Merlano de exigirle a las autoridades judiciales competentes se investigue a las personas que ha denunciado como colaboradoras de primer orden en los delitos que le han sido juzgados, que al parecer permanecen ajenos a esa investigación, personajes de la política costeña de un gran peso económico y social. CELERIDAD, COMO EFICACIA, es lo que esperamos en esta investigación de corrupción electoral por parte del sistema judicial colombiano.
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