Hace mucho que estaba ausente en este tipo de espacios, y osé volver a las líneas para hablar de un tema que, en lo personal, me parece trascendental en la agenda política del actual gobierno: la reforma política.
Leyendo algunos comentarios de congresistas de la República al respecto (David Luna, Ariel Ávila, Paloma Valencia, Roy Barreras y Octavio Cardona), compruebo cada vez más que los gobiernos progresistas –como el actual–, habitan en un mundo de ilusiones fantásticas y quiméricas: completamente desconectados de la realidad.
Es sumamente irresponsable que, en su ávido deseo por mostrarse incluyentes y encumbrarse con y por medio de los jóvenes, propongan que la edad mínima para ser Representante a la Cámara sea de 18 años. Es, si se quiere, irracional que propongan que muchachos con poco bagaje académico, sin profesión alguna, con nula experiencia, llenos de ínfima sapiencia, sean los encargados de debatir y aprobar las leyes de este país. Su primer trabajo será cumplir con la función nada importante de definir qué leyes nos gobiernan. ¡Increíble!
Debería pensarse, más bien, en aumentar y fortificar los requisitos para llegar al recinto democrático por antonomasia en Colombia: se debería exigir tener conocimientos en derecho o, como mínimo, ser profesional, para amenizar el debate, convirtiéndolo en una discusión técnica, sociológica, filosófica, hermenéutica, psicológica. El derecho evoluciona a partir de los constantes cambios de valores que confluyen en la sociedad; el Congreso, entonces, no puede obviar aquello: debería adaptarse a las nuevas formas de interpretar, hacer y conocer el derecho. Eso desemboca, ineluctablemente, en un Estado más vanguardista.
Es ininteligible e impensable, por otra parte, que un gobierno que se jacta por ser el más demócrata, quiera proscribir el voto en blanco. Esa es una de las mayores manifestaciones democráticas que existen a la hora de depositar el voto en las urnas. Es un voto protesta; le da la oportunidad a aquellos ciudadanos que no comulgan con las ideologías de los candidatos postulados, o que simplemente no están conformes con los planes de gobierno socializados en época electoral, para que se pronuncien, para que sean escuchados, para que ejerzan su derecho fundamental al voto anunciando, por medio de él, su inconformismo. ¿Acaso esta prohibición no aporta más al abstencionismo, al voto nulo, a acallar aquellos disidentes?
Así, también es inimaginable que pretendan que las listas de los partidos políticos o Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) para corporaciones públicas sean “bloqueadas, únicas, cerradas y con alternancia”. En este respecto hay mucho que decir:
1. No han logrado explicar con certeza qué significa que las listas sean bloqueadas.
2. Pretenden la alternancia en las listas (hombre, mujer, hombre, mujer), que contribuye a la igualdad, equidad e inclusión, teniendo un fin loable; pero en el caso de las listas que se conformen sólo con mujeres, personas con identidad de género diversa, afrocolombianos, indígenas, entre otros, no es preciso que estas sean cerradas ni con alternancia. ¿Implementamos la equidad con inequidades, la igualdad con desigualdades?, ¿o cómo funciona el oxímoron aquí?
3. La apuesta por las listas cerradas, más que incentivar la democracia interna de los partidos, contribuye a su antónimo: la dictadura del nepotismo, del clientelismo, del amiguismo, de la rosca.
4. Aunado a lo anterior, condena a los precandidatos a hacer doble campaña: una dentro de su partido para lograr ocupar uno de los primeros renglones en la lista; y otra con los ciudadanos para ganar las elecciones formales. ¿No es una erosión inane para los precandidatos, para los electores y para el sistema político del país?
5. Y sigue: las listas cerradas limitan la práctica de un ejercicio político responsable. Como se lo escuché a un amigo decir, alguna vez departiendo con un café, “el problema de las listas cerradas es que el primero no trabaja porque se siente victorioso; y el último hace lo propio porque conoce ya su fracaso”.
6. Por último, y no menos importante, se plantea que, a partir del 2026, y por única vez, en las listas propuestas se tenga en cuenta el orden de la elección del último período constitucional. Es decir, los que están actualmente electos encabezarían las listas, dejando maniatados a otros candidatos y corroyendo la democracia. Es apenas cómico a la vista.
Así mismo, la reforma política, supuestamente, busca fortalecer a los partidos políticos de Colombia; y para ello, autoriza que, por única vez, en el 2026, aquellos corporados que quieran cambiar de partido para hacerse elegir posteriormente, no les sea necesario renunciar a la curul que ostentan ni al partido en el que actualmente militan (transfuguismo). Y, adicionalmente, reduce el tiempo para aquellos corporados que se quieran hacer elegir, cambiando de partido, para que renuncien no 12 meses antes de la elección, sino apenas 6. ¿Fortalecer a los partidos políticos? Creo que es evidente lo ilógico de la proposición.
Para terminar, la reforma política acaba con la facultad sancionadora de la Procuraduría General de la República respecto de los servidores públicos de elección popular. Se le abre un gran abanico de posibilidades a los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales para vivir en una anarquía indetectable. ¿Quién, entonces, cumplirá con esta función que coadyuva al control del poder ejecutivo del Estado? Pdta. Esta columna la escribo el mismo día que se surtió el primer debate sobre el acto legislativo de la reforma política en la plenaria de la Cámara de Representantes. Vamos a ver si la burocracia cumple su papel con los congresistas. Por el bien de la política y del país, ojalá que no. – Juan Mendieta. Estudiante de séptimo semestre de derecho de la Universidad de Manizales.
* Juan Esteban Gallego Mendieta – Estudiante de derecho en la Universidad de Manizales.
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