Manizales no puede perder de vista lo que sucedió y podría ocurrir, con la suspensión provisional de las licencias en la urbanización Tierra Viva; con esta decisión se socavó la seguridad jurídica de la ciudad, insumo fundamental para lograr la confianza inversionista, que es a su vez motor del desarrollo.
Es increíble que una misma persona, Carlos Mario Marín, le haya generado tanto daño a nuestra ciudad; primero por acción siendo Concejal de Manizales con su actuar populista atacando la urbanización Tierra Viva, argumentando sin fundamento que lo hacia para salvaguardar el agua de la ciudad; después por omisión como Alcalde, al despreciar toda acción que ayudara a conservar las fuentes hídricas de abastecimiento; acciones encaminadas a comprar los terrenos pertenecientes al ábaco de la reserva Rio Blanco, ábaco que un área abastecedora determinada por corpocaldas y que hoy requiere con urgencia de estas hectáreas, para comenzar el proceso de reforestación que duraría varios años; este inicio de proceso de compra de 516 hectáreas, lo encontró listo Carlos Mario Marín Como Alcalde y que al día de hoy no ha adquirido ni un solo metro de terreno en esta Reserva, ¿en dónde quedó su preocupación por proteger el agua de Manizales?.
Al ser este un tema algo extenso intentaré explicarlo en dos momentos; primero en esta columna hablaremos de la zona de expansión la Aurora y el Plan Parcial Tierra Viva; en la próxima columna hablaremos de la reserva Rio Blanco y el área determinada como Ábaco (Áreas abastecedoras de acueducto para consumo humano).
Es fundamental comprender que la institucionalidad se mueve bajo argumentos técnicos y jurídicos; la norma contempla el momento idóneo para que el sentimiento ciudadano sea escuchado y pueda ayudar en la toma de decisiones entorno al desarrollo territorial; este momento es en los debates del POT que se dan en el Concejo municipal, especialmente en la discusión de las zonas de expansión, ya que es el momento que a través de acto administrativo, un terreno rural pasa a ser área urbana; ahí se da la sana discusión si una zona de expansión es conveniente o no para un desarrollo urbanístico y no esperar a que un privado adquiera unos derechos legales, para dar el debate si gusta o no determinado proyecto.
La demanda que podría asumir el Municipio de Manizales por el caso de la urbanización Tierra Viva, que podría ascender a los 300 mil millones de pesos, no es por el cambio de uso de suelo rural a urbano de la finca la Aurora en el 2003; sino por daños y perjuicios a una constructora, que teniendo unos derechos adquiridos bajo el amparo de la ley y toda su documentación en regla, le suspenden la construcción de la urbanización, en perjuicio de un inversionista y sus clientes que confiaron, en la normatividad vigente planteada en el POT del 2003 y ratificada en su revisión en el 2007.
Mi postura frente a lo ocurrido con la urbanización Tierra Viva obedece a una seria preocupación por salvaguardar la seguridad jurídica de nuestra ciudad y evitar poner en riesgo las finanzas por demandas, que podrían salir en contra del municipio; me refiero específicamente al alto costo que tendríamos que pagarle los Manizaleños a la constructora CFC en caso que la demanda salga a su favor; que consultados diferentes actores dan por hecho que la constructora CFC ganaría la demanda contra el Municipio.
Mi temor radica en que la constructora CFC cuenta con todos los determinantes jurídicos y técnicos, para el desarrollo de la urbanización Tierra Viva, en el sitio donde hoy tiene suspendidas de forma provisional las licencias de urbanismo y construcción.
Hagamos un pequeño recuento de lo sucedido:
2003 aprobación de la zona de expansión la Aurora.
2012 solicitud del constructor a la Alcaldía de los determinantes para el plan parcial.
2015 aprobación del Plan parcial Tierra Viva.
2016 aprobación de la licencia de urbanismo.
2017 aprobación de la licencia de construcción.
2018 suspensión provisional de las licencias por un juez.
Todo constructor en Colombia para desarrollar un proyecto urbanístico, se debe remitir al POT de cada ciudad y definir entre las zonas de expansión disponibles, cuál es la de su interés para desarrollar su proyecto y con base en esto solicitar los determinantes ambientales, técnicos y jurídicos para el plan parcial.
Lo anterior nos debe dejar claro que la constructora CFC, que decide desarrollar su proyecto urbanístico en una zona de expansión, que tenía 10 años aprobada, no tiene responsabilidad alguna por lo que encuentra ya definido en el POT desde el año 2003, su responsabilidad radica, en cumplir la normativa técnica y jurídica como efectivamente se hizo en Tierra Viva.
Hoy como ciudad nos debe convocar la sana reflexión, de garantizarle a los inversionistas, la seguridad jurídica para sus diferentes proyectos.
El daño generado a la Ciudad por el ataque mediático a un inversionista, debe ser subsanado fortaleciendo una administración municipal que genere de nuevo confianza en su institucionalidad.
Nuestro movimiento ciudadano +fe, que presentará candidato por firmas para la Alcaldía de Manizales, se compromete en ver al inversionista, industrial, empresario, comerciante, como un aliado y no como el enemigo que algunos pretenden mostrar.
* Por: Jorge Alberto Betancurt Raigoza – Exconcejal de Manizales y coordinador del movimiento ciudadano +fe.
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