La captura del alcalde de Samaná hace unos días siguió generando incertidumbre política en un departamento que aún no se da cuenta de la vergüenza que genera ante los ojos de la nación, y lo peor es que no será el último capturado.
La política ha caído en un círculo vicioso de tal proporción que la máxima ciudadana para calificar a los funcionarios públicos se ha convertido en la repetida frase, “Si va a robar, por lo menos que haga algo”; la ineptitud, el desconocimiento y la torpeza ha plagado la función pública de malas experiencias, y ante cualquier asomo de algo de responsabilidad y cumplimiento de sus funciones, se hace una enorme fiesta que deja en evidencia la precariedad de nuestro razonamiento.
La estructura del Estado Colombiano es perversa, tanto como su ciudadanía. Lo anterior, por cuenta de la falsa idea, de que, a mayor rigurosidad en las leyes, a mayor rigidez, menor será la capacidad para asaltar el Estado.
Todo lo contrario, el basto número de leyes, de particularidades y rigidez de las mismas, sumado al innumerable paso a paso que se tiene que dar en la piramidal y centralista estructura de Colombia, hace altamente complejo alcanzar cualquier conclusión en las paquidérmicas instituciones, y convierten al más mínimo funcionario público, en un posible chantajista y extorsionador, que ante su pobreza mental y económica, aprovecha para cobrar cualquier coima con la cual se lubrica el paso de los trámites.
Lo que hasta el momento ha pasado con cuatro de los alcaldes capturados en Caldas, es una repetida historia que no comenzó con el caso de “Las Marionetas”, es el ya conocido relato del alcalde que pretende llevar proyectos a su municipio y para ello tiene que buscar aliados, muchas veces en el congreso, para con ello amplificar su voz y llamar la atención del gobierno nacional por uno de miles de proyectos que en su mayoría son asignados haciendo uso del tráfico de influencias.
Hasta ahí, uno diría que los pobres alcaldes son víctimas de un perverso sistema, y sí, pero también son cómplices y artífices de la misma problemática, pero ahora repetida y calcada a menor escala en sus pueblos.
Proyectos asignados a dedo para contratistas amigos, muchas veces sin experiencia, buscando obtener cualquier beneficio que ayude a pagar el nuevo apartamento comprado en Manizales o Bogotá, que facilite el pago de la finca y los viajes, que aporte a la campaña electoral del congresista o de la próxima alcaldía.
No se es un poco delincuente, se es o no se es delincuente.
Esa trágica y triste manera de pensar del colombiano sobre la política, es la misma que le ha abierto paso al narcotráfico, a la violencia y al crimen en general en nuestro país.
Se valora el dinero venga de donde provenga, no se diferencia entre el dinero manchado con sangre o corrupción, que de aquel que tiene licito origen.
Lo que importa es que invite a la fiesta, que sonría y de la limosna, lo que importa es que gaste, lo que importa es que no se enriquezca solo y que le dé la oportunidad a sus socios de conseguir algunos pesos a cambio del fracaso de nuestra sociedad como nación.
Algunos de los alcaldes capturados ya se han declarado culpables, otros no, tendrán que ser vencidos en juicio o acordar con la justicia rebaja de penas para por lo menos pasar unos tristes meses encerrados en sus casas.
Quienes se han declarado culpables no son medio delincuentes, son criminales que han robado a los colombianos; quienes esperan un juicio justo, tendrán la desgracia de afrontar otra máxima en Colombia. A los políticos no se les captura por ladrones, sino por descarados, y lo que estaba pasando con el caso de las marionetas, es el colmo de los descaros.
No avergonzarse de esta situación, es validar la lamentable y patética historia de violencia y corrupción que al parecer no tiene fin, es ser cómplices o por ignorancia o conveniencia.
* Por: Alejandro Loaiza Salazar – Enlace Congreso de la República. Oriundo de Samaná, con estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Twitter: @AlejandroLSFD
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