Opinion

GESTIÓN A CAMBIO DE QUÉ ?

EDITORIAL

El caso del ya exalcalde de Samaná, Alfredo Valencia, detenido dentro de la investigación penal por corrupción denominada “Las Marionetas”, debe llevarnos necesariamente a la reflexión sobre varios temas relacionados con nuestro sistema administrativo centralista.

Colombia tiene en total 1.027 municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, los cuales tienen ingresos corrientes de libre destinación muy exiguos, o sea, recursos propios. Este y otros factores, obligan a los alcaldes a salir a buscar recursos de cofinanciación tanto en el gobierno departamental como en el nacional. Sin esta estrategia es casi imposible adelantar obras.

La mayor fuente de recursos, por obvias razones, están en el gobierno central o gobierno nacional, a través de los diferentes ministerios, departamentos administrativos y otras entidades. Y es aquí donde empieza el calvario de los alcaldes. Ningún ministro o director de un departamento administrativo o gerente de entidad, recibe a un mandatario local para presentar un proyecto, si no va acompañado de un congresista. Este es el sistema que nos rige.

Alcalde sin congresista amigo no lo dejan pasar de la puerta de una entidad del alto gobierno.

Los alcaldes en su afán de hacer gestión y ejecutar su plan de desarrollo municipal, buscan desesperadamente el padrinazgo de uno o más congresistas para que sean sus voceros ante el gobierno nacional, y es ahí donde son víctimas de inescrupulosos que se comprometen con ellos a gestionarles recursos, con la condición que les direccione el proceso de adjudicación de la obra para un contratista de los suyos. Aquí ya se incurre en el primer delito. El resto de la historia ya la conocemos todos.

No existe alcalde que no haya acudido a un congresista para que le ayude a patinar algún proyecto. Nuestro sistema de gestión de recursos ante el gobierno nacional, es aberrante e induce al delito.

Lo que le sucedió a Alfredo Valencia, exalcalde de Samaná, le puede pasar a todos los alcaldes del país. En este caso, el único pecado que tiene es haber querido adelantar obras necesarias y prioritarias para sus comunidades, abandonadas durante décadas por la acción del Estado.

Se requiere urgente una reforma en el sistema de gestión de proyectos para los municipios y la asignación de recursos por parte del gobierno nacional, acabando con la intermediación de los congresistas para que los alcaldes no sigan siendo prisioneros de muchos de ellos quienes cambian gestión por votos o asignación de contratistas.

Lo difícil es que esta reforma está en manos de los honorables padres de la patria y ellos no van a estar dispuestos a perder este poder.

Manizales, 17 octubre 2022.

@tintiando

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