Opinion

INCERTIDUMBRE INSTITUCIONAL *

Bien merece el momento actual para reseñar algunos factores que inciden en esa incertidumbre donde participan las tres ramas del poder público, con una sola damnificada: la sociedad, que solo espera se le gobierne bien, con transparencia, con apego al marco jurídico vigente, donde la Constitución Política es la cúspide de la pirámide normativa, de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos, como para la ciudadanía en general.

Imposible desconocer que se atraviesa por una crisis ética, donde la moral  administrativa se ha derrumbado, con nombramientos de altos funcionarios con situaciones judiciales no definidas, comprometidos en investigaciones penales, disciplinarias, o con inhabilidades legales para ejercer el cargo, o por estar incursos en posibles conflictos de intereses, o protagonistas de hechos bochornosos, con un manejo laxo por  quienes  tienen  la obligación legal como estatutaria de imponer las sanciones correspondientes, sin considerar las declaraciones sin fundamento alguno, producto del desconocimiento sobre la materia, de algunos integrantes del naciente gobierno, en temas neurálgicos que han originado controversia nacional.

Pareciera ser que estos aspectos negativos fueran un trofeo, donde el cabildeo al más alto nivel se impone, con las consabidas respuestas de los cuestionados, “se trata de una persecución política“, “he actuado en mi vida pública con transparencia“, “no tengo inhabilidad alguna para ejercer el cargo”, “responderé ante los organismos  competentes”.

Las cosas como son: hay una desazón institucional, que para el bien de todos esperamos que el nuevo gobierno la despeje, que las reformas prometidas sean socializadas, discutidas a todo nivel, tiene el apoyo suficiente en las cámaras para sacarlas adelante, con debate abierto, sin dogmatismos, que lo queda de los partidos políticos entiendan que representan una colectividad, que se legisla para un país, con sentido de patria, no para un determinado sector poblacional con interés partidista.

ADENDA: A propósito de la reforma tributaria, que interesante sería que tanto ponentes como las plenarias del Congreso, revisaran el concepto de LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, que es el que ha entrado al patrimonio de una persona por cumplirse los presupuestos previstos en una ley y que por lo mismo no se le puede quitar, o vulnerar por quién lo creo o reconoció de manera legal, a diferencia de quién solamente tiene una expectativa.

Hace bien la señora Procuradora en recordarle este postulado constitucional al gobierno y al Congreso, en armonía con EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, por cuanto ninguna norma nueva o de derogación surte efectos hacía el futuro, en donde las situaciones consolidadas bajo una legislación no pueden sufrir menoscabo alguno.

No puede violarse la norma de normas por un afán alcabalero en el discutido impuesto a las pensiones consagrado en el proyecto de la reforma tributaria presentada, de hacerlo, le corresponderá a la Corte constitucional analizar los vicios de la misma restableciendo el orden jurídico.

* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

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