Ha llegado el momento de aceptar las diferencias y ser tolerantes, por cuanto todos no podemos pensar en idéntica forma, el derecho fundamental es el derecho a diferir, a disentir, a ser diferente.
El país deberá acostumbrarse a seguir presenciando expresiones colectivas, unos a favor del nuevo gobernante, otros de rechazo, a la forma como viene conformando la nómina de sus colaboradores, la crítica a varios de ellos por sus antecedentes, las alianzas con los grupos políticos tradicionales que han disfrutado el poder, buscando una mejor gobernabilidad, incumpliendo promesas de campaña.
Lo importante es el respeto por el estado de derecho, por cuanto es de la esencia del mismo, que el ejecutivo gobierne, que el legislativo legisle y que el judicial instruya, juzgue y falle, sin injerencias e invasión de órbitas oficiales que resultan perturbadoras para el desarrollo de la democracia participativa, no saliendo bien librado el ejecutivo central en la pasada elección de Contralor General de la República al imponer candidato amigo del gobierno, no siendo coherente con lo expuesto en el debate electoral.
Para sustentar lo anterior, resulta conveniente recordar el origen de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, encargada de expedir la nueva constitución, que a lo largo de estos años ha sufrido más de 50 modificaciones, la mayoría de ellas para satisfacer intereses de grupo convirtiendo la carta política en una colcha de retazos, con anuncios de nuevos actos legislativos.
Tres fueron entre otros, los factores más importantes que se le plantearon a la sociedad colombiana, para reformar la del 86, que, con todos sus defectos, era una obra coherente y de gran contenido conceptual, con las modificaciones del 36, 45 y 68.
– El desprestigio del Congreso de la República y la necesidad de introducirle cambios radicales a su estructura y funcionamiento, reforma que todavía se siguen discutiendo, reacios al cambio, apegados a los múltiples privilegios de que gozan ubicándolos como una casta superior en una sociedad tan desigual como la nuestra.
– La falta de credibilidad del sistema judicial, buscando para ello, hacerla ágil, eficaz, eficiente, pronta y cumplida, aspectos estos que no se han podido ejecutar, con índices bajos de favorabilidad.
– El narcotráfico como factor de corrupción y perturbación de la paz social y tranquilidad ciudadana, imposible desconocer su auge actual permeando la estructura social.
Han trascurridos más de treinta años y la pregunta que se formula el ciudadano de la calle, es si el país ha experimentado cambios sustanciales con ese marco constitucional, exceptuando la concepción de ser un estado social de derecho, en donde las normas se deben interpretar con equidad y sentido social, así como la figura de la tutela o derecho de amparo.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que seguimos con los mismos males, acrecentados algunos de ellos, oportunidad para este gobierno que se inicia para tratar de contrarrestar la creencia generalizada que falta mucho por hacer, con programas que beneficien a toda la población, en especial la abandonada a su suerte. Es lo que esperamos, se gobierne para un país, no para una determinada franja social.
ADENDA: Dos frases para destacar expresadas por altos funcionarios, uno nacional, por el ministro de justicia, (adoptado por la corriente liberal) la segunda por la alcaldesa de la capital.
Conciliar con el victimario, que corresponde al principio de la justicia restaurativa, con un ejemplo que generó críticas y burlas, devolviendo el celular hurtado y pagando seis meses la factura por su servicio, hubiésemos querido escucharle una tesis más profunda en materia de reforma judicial.
La segunda frase, hace referencia a “la vergüenza que debería darle a las personas que se movilizan solas en su vehículo, “que la única forma de reducir los trancones, es si los bogotanos utilizan los carros particulares de forma compartida.
Frase para enmarcar, lo contrario: vergüenza debería darle a usted señora alcaldesa de cobrar el ciento por ciento el impuesto de rodamiento, cuando solo se utilizan los vehículos un 40 por ciento por las medidas de pico y placa, vergüenza por la inseguridad que azota la ciudad capital, los diarios atracos, las balaceras en las diferentes comunas.
Vergüenza por el total abandono de la séptima convertido en un muladar, siendo una de las principales arterias orgullo en el pasado de propios y extraños, vergüenza por el pésimo servicio público de transporte el que quiere usted imponer a un sector de conductores que salen en sus vehículos no para turistear, sino como fuente de trabajo, vergüenza por la suciedad de la ciudad y el deterioro de sus calles y avenidas, vergüenza por sus posiciones dogmáticas en los temas administrativos. Vergüenza debería darle utilizar esas expresiones ofensivas para los habitantes capitalinos.
* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
