Opinion

UN CAMBIO EN LA JUSTICIA*

En el encuentro del jefe de estado con las Cortes fue reiterativo en una reforma judicial sobre la base de su total autonomía e independencia, su fortalecimiento financiero, promesa presidencial que para bien del país ojalá se cumpla, como señal de lo que debe entenderse por una colaboración armónica entre las tres ramas del poder público en un estado social de derecho.

Si el estado como ente jurídico y los que integramos el concepto de nación, anhelamos una paz total, debemos ser conscientes que esta tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la pronta y cumplida justicia, punto de partida de cualquier reforma judicial, esperando así lo entienda tanto gobierno como el Congreso.

Imposible desconocer la incredulidad social frente al funcionamiento de la justicia en el país, su congestión,  su atraso, los casos de corrupción de algunos  de  sus miembros, el formalismo procesal, desconociéndose el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, (artículo 228 CP), los errores jurisdiccionales, el incumplimiento de los términos legales, elevados a rango constitucional, sin considerar la forma de acceder a cúpula judicial, como la lentitud en los trámites procesales impidiendo impartir una pronta y cumplida justicia, factores estos que nos hace concluir que estamos en una etapa de desconfianza como de inseguridad jurídica.

Frente a lo expuesto, un gran reto será para la anunciada reforma lograr proyectar políticas de racionalización de la oferta judicial, frenar el crecimiento descontrolado de procesos a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como algunas modificaciones legales, por cuanto la misma ley constituye en algunos casos un factor de congestión y atraso.

¿Qué necesidad se tiene de probar lo que ya está probado, por qué llenar el proceso de fórmulas, solemnidades, ratificaciones, convirtiendo la justicia en lenta y paquidérmica, ¿acaso no se podrían eliminar etapas procedimentales, sin afectar el debido proceso? Todo lo anterior para evitar que el proceso se dilate en el tiempo.

ADENDA 1: Había prometido referirme en el caso de la reforma tributaria a un aspecto que los funcionarios del min hacienda no lo exponen, como si no existiera, cuando bien administradas las solas Contribuciones darían para atender las necesidades fiscales del estado, sin acudir a reformas tributarias con la creación de nuevas cargas, una breve relación: Por Regalías: Recursos naturales no renovables: Hidrocarburos, varía entre el 8% y el 25%, Carbón, regalía en boca de mina, entre el 5 y el 10%, Hierro y cobre 5%, Esmeraldas y piedras preciosas el 1,5%, Oro, plata y platino, en boca de mina, entre el 5 y 6%, Calizas, yesos, arcillas sobre el valor de la producción en boca o borde  de mina es del 1%, Impuesto de trasporte por oleoductos es del 6% del valor resultante de multiplicar el número de barriles trasportados para la tarifa vigente para cada oleoducto, sin considerar los ingresos por peajes, con tarifas comparativamente más altas que las de otros países y repetidas a corta distancia y otras más que el espacio no me lo permite. Pregunta ¿Todos estos ingresos billonarios en que se reinvierten? ¿Hacen parte del presupuesto nacional? ¿Quién controla su ejecución?

ADENDA 2: Importante sería que las comisiones económicas del Congreso dónde se debate la reforma tributaria le dieran una lectura estudio al artículo 48 de la CP, cuando en uno de sus incisos establece perentoriamente, “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo a la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o REDUCIRSE el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.” La claridad del texto me releva de cualquier comentario frente al impuesto a la vejez o a las pensiones que trae el texto tributario.

* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

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