Pretende esta columna llamar la atención a la forma de comportarse tanto la clase política, como los gobernantes cuestionados en los momentos actuales, con bajos índices de favorabilidad, dedicados a las componendas bajo la sombrilla de pactos de gobernanza, cuando en el fondo es el reparto del poder, cómo participar de la frondosa nómina burocrática, cómo ubicar a sus patrocinados tengan o no los merecimientos suficientes para acceder a ciertas posiciones del estado.
El nuevo panorama político determina se analicen los hechos de corruptela e indelicadezas administrativas de un mandato que llegó al poder con los mejores augurios, las denuncias contra algunos de sus ministros, la cooptación de los organismos de control, contrataciones a favor de unos cuantos, el aterrador escándalo del saqueo de los recursos del acuerdo de paz, indicios que demuestran el desvío de más de 4 billones de pesos donde están comprometidos funcionarios e instituciones del alto gobierno, planeación nacional, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, como aspirantes a ocupar la Contraloría General de la República, vinculados a dicho ente de control, concurso lleno de irregularidades que por fortuna en aras de la trasparencia deberá ser revisada esa lista de aspirantes, salvo que se impongan las maniobras torticeras de este Congreso tan oscuro como una noche de invierno.
Los reiterados hechos que a diario se denuncian, de falsedades, fraudes electorales, trasgresiones del estatuto penal, donde los grandes delitos y timadores se quedan sin sanción alguna, con unos organismos judiciales mirando hacia otro lado, nos hace concluir que estos últimos años en lo político administrativo han sido REPUGNATES, con algo sorprendente, la inacción social ante el malévolo maltrato por parte de una clase dirigente como de políticos venales al tratarnos con un irrespeto permanente, permitiendo que eso suceda.
Tarea del gobierno entrante recuperar la confianza ciudadana, a tiempo de devolverle a la política y al gobernante la dignidad perdida, como una profesión de servicio público para garantizarle los derechos de los ciudadanos, que no son más que el derecho a la justicia social, a la seguridad urbana y rural, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna sin propósitos electorales, en otros términos desarrollar el concepto de Estado social de derecho consagrado en la constitución del 91.
La dignidad se obtiene cuando se gobierna o actúa con decoro, con trasparencia, con alta dosis de excelencia en lo moral y ético, como característica esencial de quien ejerce la actividad política y gobierna a través del voto popular.
Adenda: No se entiende cómo funcionarios públicos devengando un salario, sin antecedentes patrimoniales de familia, ni poseedores de empresas o industrias, vinculados a la burocracia de tiempo atrás, puedan estar construyendo lujosas residencias con características de mansión, rodeada de prados, piscina, iluminación sofisticada, con una área que supera la cabida normal para este tipo de viviendas, salvo que estén preparando su estadía cuando tengan que rendirle cuentas a la justica por ese incremento desproporcionado de su patrimonio acogiéndose al principio de oportunidad, o de impunidad para muchos, si es que son investigados operando el tape tape.
* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Recomendado para usted
