EDITORIAL
Día a día crecen las dudas sobre reporte del Ejército Nacional presentado con respecto a los hechos del pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo en el Putumayo, donde murieron once personas, habitantes de la región, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal y su señora esposa.
El ejército nacional reportó esta acción como un duro golpe dado por sus efectivos, a disidencias del frente 48 de las farc que operan en esta región.
La reacción de los residentes de la zona y de las organizaciones de derechos humanos fue inmediata asegurando que quienes murieron son habitantes de la región y lideres comunales sin nexo con grupos armados.
Tanto el Presidente de la República, Iván Duque, como el Ministro de Defensa, Diego Molano, salieron a respaldar las versiones del Ejercito, sin embargo, varios medios de comunicación que han hecho informes de prensa sobre el tema y se desplazaron hasta el lugar de los hechos, tienen dudas sobre la versión oficial. El Senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, aseguró a la revista Semana que “todo parece indicar que fue una masacre de civiles” y “un hecho de falsos positivos a manos del Ejército Nacional”.
Esta noticia luctuosa genera pánico en el país al recordar las terribles épocas de los falsos positivos y de la impunidad que ello ha generado ya que ningún alto mando militar o la línea de mando que llega pasa por el Ministro de Defensa y llega al Presidente de la República, han sido responsabilizados por ello.
Al desprestigio del gobierno de Iván Duque se le suma ahora otra vergüenza nacional que deja muy mal parado al ejército y a su gobierno.
Los colombianos tenemos derecho a conocer la verdad de estos hechos y si hubo exceso de la fuerza pública, los responsables deben ser castigados ejemplarmente para evitar que estas barbaries del pasado, se repitan.
Manizales, 11 abril 2022.
@tintiando
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