No es secreto alguno de las dificultades políticas, sociales, económicas, de justicia, de orden público, con una casi nula política en materia internacional por las que atraviesa el país, dando lugar a la pregunta, ¿cómo llegamos a estos niveles de abandono estatal, de violencia indiscriminada, de pobreza en amplios sectores poblacionales, de corrupción generalizada, de pérdida de valores humanos? con una respuesta común, el error en la escogencia de sus dirigentes, de su voceros populares, con personajes cuestionados en su parte ética, con métodos de trabajo que bordean con las normas penales, donde el prevaricato, el abuso del poder, el concierto para delinquir se ha convertido en una forma de vivir, o lo que es peor, la ineptitud, la impericia para asumir responsabilidades estatales.
El país vive una etapa de agitación electoral, donde quienes aspiran al primer cargo público de la nación parecieran desconocer la realidad social existente, o peor aún, conociéndola omiten referirse a la misma, en temas neurálgicos como el de la justicia descompuesta y carente de credibilidad.
La paz debe manejarse como política de estado, no como bandera electoral, los impuestos que todos cancelamos deben ser destinados en políticas de inversión social, no para acrecentar el burocratismo, para satisfacer cuotas de poder, inevitable eliminar las groseras prebendas de altos funcionarios de las tres ramas del poder público que los hace ver frente al común de la ciudadanía como si se tratara de unos personajes exóticos, para quienes poco importa la ética pública, muchas veces abusando de los bienes del estado.
Necesario regresar a una política económica basada en la sencillez, moderación, como reducción del gasto público, eliminación de las famosas nóminas paralelas que desangran el erario, reformas tributarias con equidad y no tan regresivas, contribuyendo así a la eficiencia y trasparencia administrativa, factores estos ausentes en el lánguido gobierno que expira el 7 de agosto venidero, con unos partidos políticos de opinión, más no de compromiso, obligados a revisar sus agendas ideológicas, porque de lo contrario se exponen a perder la confianza ciudadana.
Recordarle a quién salga elegido como presidente de la República, si es que la Registraduría ejerce en debida forma su tarea misional, que la esencia del poder está en el servicio a la comunidad y no la comunidad al servicio del gobernante.
ADENDA: Un aspecto que no ha sido explicado por los candidatos a la presidencia es el de la seguridad jurídica como un valor fundamental del estado de derecho.
El respeto de la sociedad hacia el derecho depende de que éste sea predecible y cierto. Imposible desconocer que estamos en presencia de un preocupante y creciente deterioro de la seguridad jurídica que pone en peligro el desarrollo del país, como la de los ciudadanos.
Neurálgico es el tema de los pensionados, sector que no tiene doliente, con propuestas confusas de un aspirante presidencial que requiere de un mayor y claro debate a nivel nacional en cuanto hace referencia al respeto de los derechos adquiridos, entendido como un derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo no puede ser arrebatado o vulnerado por quién lo creó o reconoció legítimamente.
* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
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