EDITORIAL
Parodiando el disco de Silva y Villalba “Aparecen en elecciones unos que llaman caudillos”, aquí diremos aparecen en elecciones unos que llaman moralistas.
Nos referiremos a la prohibición existente para que los funcionarios y contratistas hagan política. Lo paradójico es que la Constitución y la Ley le permitían al Presidente de la República hacerlo cuando existía la reelección presidencial. Podía utilizar los bienes del Estado como vehículos y aviones en ese propósito y todo era legal, sin embargo, el resto de funcionarios públicos no lo podían hacer.
Exceptuando los funcionarios públicos que acceden a un cargo por concurso, todos los demás llegan a una posición pública por razones políticas, bien sea recomendación de alguien o méritos propios.
Por otro lado, todos quienes participan en política, bien como candidatos o como activistas, han recomendado a alguien para un cargo público o contrato, o tienen algún pariente ocupando alguno de ellos, y en campaña política, son la primera línea de sus colaboradores para actividades proselitistas.
Es ahí cuando aparecen quienes se creen poseedores de la moral pública, a estigmatizar porque un funcionario o contratista participa en actividades políticas o su jefe o padrino le pide hacerlo. Si bien existe la prohibición legal, también es cierto que son personas a quienes les gusta esta actividad y están en sus cargos debido a ello. A esos críticos les podemos decir: Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado.
Dicen por ahí que la política no es una actividad propiamente de arcángeles y lo curioso es que quienes salen a condenar, todos tienen rabo de paja como se dice en el argot popular, y se les puede aplicar la máxima “Lo que en los otros es defecto en ellos es virtud”. No olvidemos que las organizaciones políticas no son propiamente entidades de beneficencia.
Ante esta realidad de la participación en política de los funcionarios y contratistas públicos, se hace necesario una reforma legal para que ellos puedan participar en esta actividad abiertamente y no tengan que hacerlo a escondidas como sucede actualmente, obviamente con la prohibición expresa de utilizar su cargo para ello. Es ilógico que no puedan asistir a una reunión, organizarla o contribuir económicamente a la campaña de sus preferencias.
La prohibición para que los empleados públicos o contratistas participen en actividades políticas, hace parte de las normas inocuas e ilógicas que el legislador debería reformar.
Pensilvania, 06 febrero 2022.
@tintiando
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