Somos uno de los países más pobres y corruptos de Latinoamérica, lo hemos repetido una y mil veces (y lo seguiremos haciendo), porque un indicador como este, nos demuestra que la brecha de la desigualdad en Colombia es enorme y cualquier solución que se proponga para reactivar la economía debe incluir el bienestar social como prioridad y garantizar que las inversiones que se hagan desde la administración pública sean transparentes y atiendan las necesidades de las comunidades. Esto no parece ser la premisa del gobierno cuando anuncia la instalación de 18 peajes nuevos, siendo la principal queja de la ciudadanía, la cantidad y el precio de los peajes en las vías nacionales, tanto así que por medio de un proyecto de ley, se busca incluir que los municipios y distritos no puedan establecer peajes internos; que la distancia mínima entre las casetas sea de 150 km, y que los incrementos anuales no superen la inflación, además proponen que una vez se entreguen las carreteras, los valores de cobro se reduzcan, y que, por pandemia, se reduzcan los incrementos hechos durante la emergencia sanitaria y hasta por un año más.
Los peajes, en su totalidad representan el 12% de los costos de los transportadores, entonces si los precios de los peajes aumentan y la cantidad de los mismos, además de generar un impacto en el gremio transportador va a impactar el precio de los productos, es decir, que va a afectar el bolsillo de todos nosotros. En el país tenemos 168 casetas en las carreteras, solo el 15% son administrados por entidades públicas, muchos de ellos con una distancia entre unos y otros, en algunos casos, de menos de 100 kilómetros, y estoy segura que tanto ustedes como yo, han sentido que las altas tarifas de los mismos no compensan el estado casi siempre malo de las rutas nacionales, se nos ha vuelto paisaje que las tarifas de los peajes sean desproporcionadas y no tengan relación lógica con el estado de las vías. Ahora pensemos en el traumatismo que implica la construcción de cualquier carretera, y que en Colombia como para variar, las obras cuestan mucho más de lo presupuestado y, se incumple con creces el cronograma original.
Un dato de historia, desde el gobierno de César Gaviria, las carreteras empezaron a estar en manos de empresarios privados para su rehabilitación, mantenimiento y operación, por el sistema de concesiones, son ellos quienes fijan el valor tarifario en cada uno de los peajes de las vías, junto a Luis Carlos Sarmiento, cuatro constructoras familiares tienen las concesiones de las vías más rentables del país. Teniendo en cuenta que, en varias ocasiones el gremio de los conductores de carga, pasajeros y particulares han manifestado tener evidencias de un monopolio de concesionarios de estos peajes, que tiene ganancias anuales por más de $10 billones, sin que tengan que hacer mayores inversiones para obtener esas ganancias, porque, a la larga, la filosofía de esos contratos es que el contratista se encargue del mantenimiento de unas carreteras que han sido construidas con el dinero de todos los colombianos.
Para terminar, el pasado 11 de agosto, la cadena radial Blu Radio advirtió sobre el proceso de licitación pública 033 de 2021 (LP-DT-SEI-GPV-033-2021), proceso para la administración y el recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje que están a cargo de Invías. Este contrato, por casi un billón de pesos ($948.261’000.000), busca que se recauden aproximadamente $5 billones en 10 años mediante la administración de 35 peajes. Actualmente, este contrato estaría presuntamente diseñado para que se lo gane alguna de las empresas del grupo Thomas Greg & Sons, el mismo grupo empresarial que ha sido cuestionado por el desarrollo del software de elecciones en la Registraduría. La Fundación Paz y Reconciliación liderada por Esteban Salazar argumenta que, este sería uno de los casos más graves de presunta corrupción en el gobierno de Iván Duque, donde, los peajes de Colombia quedarían hipotecados de por vida, en manos de privados y de bancos, por medio de un contrato a la medida o sastre, amañado, de una de las empresas más poderosas del país y con fines de entregar recursos tres meses antes de las elecciones de 2022 a 1.122 municipios en Colombia. ¿Lo ven? Los de siempre, nos han fallado siempre.
* Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.
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