No es secreto alguno que Colombia es un país de reformas constitucionales, de leyes, la mayoría de ellas desactualizadas que no responden a la realidad social, de normas jurídicas al por mayor, de circulares internas proferidas por funcionarios de bajo rango interpretando indebidamente la ley vigente para satisfacer el ego seudo jurídico, buscando protagonismo mediático o una falsa demostración de crear jurisprudencia personalizada.
Ejemplos de casos judiciales donde un juez de menor categoría dentro de la estructura cuestiona decisiones de las altas corporaciones, sin razonamiento jurídico alguno, o en ocasiones invadiendo competencias atribuidas a otros órganos de poder mediante el mecanismo de la tutela, desconceptuando la finalidad de la misma que es la de proteger y amparar derechos fundamentales, congestionando aún más las otras jurisdicciones haciéndolas morosas e inoperantes.
Ahora bien, debemos reconocer que somos un país en donde se le da mayor importancia a lo formal, que trae consigo a su cercano pariente el leguleyismo, que no es más que aquellas personas que tratan las leyes y el marco jurídico existente sin conocerlas a fondo, o que cuestionan fallos cuando los mismos los afectan, o lo más grave, fallos subjetivos proferidos por las máximas instancias, procederes que descalifican el sistema judicial ante la sociedad, que se siente indefensa e insegura por la falta de una fortaleza y coherencia jurídica de quienes administran justicia, de allí su bajo índice de credibilidad ciudadana.
Lo anterior, para hacer un llamado por el respeto al derecho, por la importancia que representa para la convivencia social.
ADENDA: Contra viento y marea, sin importar las observaciones, críticas, a lo que se denomina reforma a la justicia, este Congreso que tiene el sol a la espalda, desconceptuado e impopular, adelanta un remedo de reforma judicial donde se ignora al ciudadano de a pie, centrándose en establecer el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado, morigerando requisitos para ciertas instancias, regresando al sistema de la COOPTACIÓN, así como elevando a la categoría de Corte Nacional judicial a lo que hasta ahora se conoce como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quienes resultaron ser unos grandes lobistas. Se pregunta ? Y los temas de descongestión y atraso judicial, de seguridad jurídica, de fallos oportunos, del cabal cumplimiento de los términos legales, de los precedentes jurisprudenciales, del fácil acceso a la justicia, de poner en cintura las escuelas de derecho de garaje, dónde quedan ? Hasta cuándo, esas sí urgentes reformas?
Por viaje al exterior, la puya reaparecerá en dos semanas si el ser superior así lo dispone.
*Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
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