Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.
El presidente de Colombia Iván Duque sancionó el 29 de octubre de este año la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que les permitirá a 10 millones de colombianos tener una nueva oportunidad para dejar de estar reportados negativamente ante centrales de riesgo. Dentro de esos diez millones de colombianos, estoy incluida, por servir de fiadora para que un amigo pudiera sacar un televisor, que nunca pudo terminar de pagar, y esta es la historia de millones de colombianos que también les ha sucedido lo mismo.
Con la firma del presidente Duque, comienza a regir una amnistía por una única vez para quienes nos pongamos al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley o ya lo hayan hecho con anterioridad. Aparentemente podemos verlo como una oportunidad grandiosa y un buen gesto de parte del gobierno nacional, sin embargo, nos hemos puesto pensar en la situación económica de esos diez millones de colombianos, ¿todos tendrán empleo o una fuente de ingresos suficientes para pagar sus deudas y no dejar de mercar, de pagar servicios, el arriendo, el préstamo para estudiar?
Parece que este tipo de condiciones no las tiene en cuenta el gobierno nacional ni el Congreso, aun cuando el presidente afirma que “Es una ley que le da mucha tranquilidad y alivio a muchas familias y representa retomar un camino de inclusión financiera con responsabilidad”, ¿responsabilidad financiera en un país como el nuestro? ¿en el que el 60 por ciento de la población trabajadora es informal?, Colombia ocupa uno de los primeros lugares por este fenómeno, léase bien, a nivel mundial, según el DANE. Y esa tasa es mayor en las mujeres. Hoy, millones de colombianos no tiene pensión, tampoco reciben ningún subsidio por parte del Estado y toda su vida han vivido en la informalidad, si estas situaciones ya describen una vida poco digna, ahora sumémosle el intentar hacerse a las cositas para la casa a punta de créditos o financiar el estudio de los hijos con el icetex, pero la plata que se rebusca ese colombiano promedio ni le alcanza para lo básico, así que se colgó en las cuotas de sus créditos y ahora esta reportado, el gobierno le brinda una oportunidad para salir de ese reporte, pero sus condiciones de vida siguen siendo iguales por culpa de las decisiones que toman los políticos.
Entonces, salir de datacrédito se convierte en una oportunidad para algunos y deja por fuera una gran cantidad de personas que no tienen acceso ni a su sustento diario, como casi siempre, las decisiones de los políticos terminan aumentando la brecha social y dejando por fuera a los eternamente excluidos.
Esta oportunidad de borrón y cuenta nueva afirma que en el caso de estudiantes con créditos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que extingan su deuda, saldrán inmediatamente del reporte negativo, pero, ¿estamos garantizando las condiciones para que estas poblaciones puedan tener empleo, puedan producir en su tierra y puedan ser reparadas de manera integral? La respuesta es no, si un profesional recién graduado se demora hasta un año en poder conseguir su primer empleo, si el joven rural está pensando en escapar de su finca y su vereda en busca de oportunidades, si el campesino sigue siendo pordebajeado y asfixiado con los intermediarios para poder vender sus productos y si las víctimas antes de ser reparadas son doblemente victimizadas.
Celebro que estas oportunidades se den, pero no seamos incautos e ingenuos, no tapemos con cortinas de humo la gran desigualdad que existe en nuestro país, cuando solo por poner un ejemplo, la mayoría de jóvenes que logramos ser profesionales, contemplamos sin importar los cinco años de estudio, la idea de irnos a barrer pisos y lavar platos a otro país porque nos van a pagar mejor.
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