EDITORIAL
Rayos y centellas han caído sobre los parlamentarios que aprobaron una modificación a la Ley de Garantías Electorales para permitir que se puedan seguir celebrando contratos interadministrativos durante este período electoral.
Así como lo editorializamos el 29 de agosto de 2021, https://www.tintiando.com/2021/08/29/ley-de-garantias/, hoy nos ratificamos en nuestra posición favorable a la modificación de esta Ley, la cual limita notablemente la capacidad de gestión de los mandatarios locales, lo que en otros términos es una reducción disimulada de su período constitucional de gobierno.
Actualmente nos encontramos en campaña electoral para congreso de la república, y de ahí lo inexplicable que se quiera satanizar a los alcaldes y gobernadores cuando no se van a elegir sus sucesores. Ello será el 29 de octubre de 2023.
A los actuales mandatarios locales, quienes empezaron su gobierno el 1 de enero de 2020, les correspondió un año largo de pandemia durante el cual su gestión estuvo paralizada. Sumémosle a ello los 7 meses y medio de Ley de garantías para las elecciones de congreso y presidente de la república, más los cuatro de los comicios de autoridades locales de 2023, lo que significa que son dos años en los que su capacidad administrativa es prácticamente nula.
Son dos años en los que las necesidades de las comunidades no han parado ni pararán. Cómo explicarles a los habitantes de una vereda, quienes llevan décadas esperando una placa huella, que el proceso no se puede adelantar porque la ley de garantías no lo permite ?
Algunos quieren crear una cultura de satanización con fines electorales. Se creen los nuevos poseedores de la moral pública y califican de dudoso y cuestionable todo proceder de quienes no son de sus afectos.
La solución no son esta clase de medidas coercitivas. El Estado debe blindarse y tener las herramientas de seguridad que garanticen la transparencia de sus procesos. El país no se puede paralizar cuatro meses antes de cada elección, máxime cuando todo trámite ante la administración pública es tan lento y dispendioso.
Tenemos que aprender a leer y analizar los pros y los contras de una norma. No nos podemos dejar llevar por quienes salen a rasgarse las vestiduras cuando detrás de sus gritos de protesta se esconde un interés electoral.
Los aceleres para sacar adelante procesos antes de la entrada en rigor de las leyes de garantías electorales, han sido la causa de que muchas autoridades locales en épocas pasadas hayan incurrido en errores y fallas administrativas luego sancionadas por los organismos de control.
Aunque sea impopular en algunos sectores, especialmente los alternativos y de izquierda, defendemos y defenderemos la eliminación de la prohibición de la celebración de contratos interadministrativos durante el período de garantías electorales porque finalmente con esta norma absurda, quienes salen perjudicadas son las comunidades por la parálisis del aparato estatal.
Manizales, 24 octubre 2021.
@tintiando
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