Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
La pregunta a formularnos sería, ¿En nuestro país opera una justicia que garantice y respete los derechos de los ciudadanos cuando los mismos han sido transgredidos? duele decirlo, pero no es así, ese delincuente infractor tiene mayores beneficios al no recibir el castigo adecuado por parte de nuestro sistema judicial, que muchas veces lo premia con la reclusión extra mural cuando no es que lo deja libre de inmediato por interpretaciones subjetivas del marco jurídico.
Esos procedimientos judiciales hacen que un alto porcentaje de la sociedad desconfié de la justicia, como un país donde reina la impunidad, donde sin importar los antecedentes del victimario, la cantidad de veces detenido, es dejado en libertad por el funcionario irrespetando a una comunidad que solo pide se le proteja de esos carteles dedicados a perturbar la tranquilidad cuotidiana.
Las demostraciones de lo narrado están en la cantidad de casos que denuncian los medios de comunicación, como las redes sociales, el malandrín que agrede a su compañera rociándole gasolina para prenderle fuego, el abogado en líos jurídicos por qué se defendió de un atraco en su residencia, la muerte de un sub teniente de la policía en donde se deja libre a su agresor, como muchos episodios más, con interpretaciones sesgadas por los responsables de aplicar en debida forma la ley, que nos permite concluir que estamos viviendo en un país en el que la impunidad se ha convertido en una costumbre oficial, acompañada de una amplia generosidad estatal.
El sistema judicial actual no puede permitir que los jueces por interpretaciones equivocadas, qué pueden generar errores jurisdiccionales, continúen dejando en libertad a esos delincuentes so pretexto de fallas de procedimiento en las capturas, lo que se convierte en una clara burla a las víctimas, con menosprecio a una atemorizada sociedad.
Todos coincidimos en reconocer la existencia de una crisis judicial, de una urgente reforma estructural de las instituciones, no como la que se tramita en la comisión primera de la Cámara con orangutanes abordo, que debería llamar la atención de la comunidad en general, pero al momento de las decisiones aparecen circunstancias adversas que imposibilita ese anhelado cambio judicial.
Se percibe un clamor generalizado, que lo pillos no sean liberados a pocas horas de su captura, ni absueltos por interpretaciones ligeras del funcionario de conocimiento, convirtiendo la justicia en un espectáculo, como si la misma estuviera diseñada a la medida para crear el caos y el desconcierto permitiéndole al infractor continuar con su desenfrenada carrera delictiva.
El país requiere de jueces con carácter, no apegados a la norma, que dejen a un lado tanto dogmatismo legal, que apliquen el sentido común, sin incurrir en el abuso del derecho, entendiendo que están revestidos de la mayor responsabilidad delegada por el estado, como lo es la de impartir justicia, con equidad, ecuanimidad, y razonabilidad.
ADENDA. Para destacar la ceremonia del pasado 14 de octubre con la entrega de los galardones GACETAS DE COLOMBIA con su estatuilla de la “Bailarina del poder”, realizada en el paraninfo de la U. Gran Colombia en el centro histórico de Bogotá, destacando la caballerosidad y cortesía de su rector Dr. Marco Tulio Calderón Peñaloza, evento ideado, promovido, inspirado por su mentor José Gámez López, reconocido periodista por su labor de solidaridad social y gremial a lo largo del territorio nacional.
Fueron 50 las personas homenajeadas, por su desempeño y aporte en las distintas aéreas de la actividad nacional, del periodismo, sector público como privado, campo cultural, deportivo, de las artes, reconocimiento en buena hora para unos colombianos que a diario hacen patria.
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