Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
1.- Imposible desconocer que en este país los escándalos no pasan de 24 horas, luego vienen otros de manera sucesiva, cómo si la sociedad estuviera acostumbrándose a todos estos episodios, donde las investigaciones solo son noticia de primera página, la mayoría de ellas sin resultado positivo, de allí que se diga que estamos frente a unas instituciones fallidas en materia judicial, poniendo en peligro el estado de derecho.
No nos llamemos a engaño, hay un sentimiento de inseguridad, de temor al delito, de salir a la calle, ausencia de medidas correctivas por parte de los organismos estatales, donde las investigaciones se reducen al ofrecimiento de recompensas, como a emitir declaraciones ante los medios exponiendo soluciones en teoría distantes de lo que sucede en el diario acontecer.
Produce desazón, pesadumbre observar como los aspirantes al Congreso, como a la Presidencia, se enfrascan en temas de mecánica electoral, quien encabeza la lista al Senado o Cámara, como se construye una alianza con el contradictor del ayer para garantizar una votación, sin que se les escuche una sola idea para darle la protección legal al ciudadano que ve diariamente afectado su desplazamiento laboral, que se plantea para terminar con las balaceras de barrio, con la violencia intrafamiliar, con el paseo de la muerte, que proponen en materia de política criminal, fenómenos presentes en un mundo agobiado por sus débiles economías, el desempleo, la drogadicción, factores estos que sirven de foco para la delincuencia organizada.
2.- Vuelve y juega el manoseo de la Constitución. Hace tránsito en el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca modificar la forma de elección de los Magistrados de las Altas Cortes, como si con esa reforma se solucionara la crisis de la justicia por la que se atraviesa, olvidando deliberadamente que el país requiere reformas que favorezcan al ciudadano de a pie, que solo le interesa que le fallen sus demandas en tiempo oportuno, por cuanto una decisión tardía constituye denegación de justicia, si lo que se pretende como ideal es tener una justicia eficiente eficaz, pronta y cumplida, como lo ordena la Constitución.
Ese frecuente reformismo constitucional genera inestabilidad institucional, inseguridad jurídica, como la falta de credibilidad del sistema democrático que nos rige.
Dejemos por ahora el tema de cómo acceder a las cortes, centrándonos en la forma de reducir la congestión, como el atraso judicial, figuras que minan la credibilidad ciudadana frente al ejercicio jurisdiccional.
3.- Muy preocupados deben estar los integrantes de la llamada coalición de la esperanza por lo visto en la reunión del jueves pasado en la plazoleta del Rosario. La ausencia de pueblo, la poca o nula asistencia a esa convocatoria hace pensar el debilitamiento de esta corriente política para los certámenes electorales venideros.
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