Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.
El más reciente escándalo de la política nacional es el Pandora Papers, que aborda uno de los efectos contundentes sobre el mundo de los paraísos fiscales y las sociedades offshore, es decir, empresas que tienen como característica principal estar registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica y que generalmente no se rige por las leyes ni la estructura fiscal del país de origen de la misma, lo que se traduce en varios vacíos jurídicos pero también en la evasión de impuestos, una vieja problemática que se desató con el escándalo de Panama Papers revelado el 3 de abril de 2016. Incluso se ha demostrado que existen despachos de abogados especializados en crear este tipo de sociedades.
Esta investigación señala a varios líderes de esconder sus fortunas en paraísos fiscales para no pagar impuestos, y para el caso de Colombia, aparecen involucrados los ex presidentes Pastrana y Gaviria y como si este país no fuese más incongruente y doble moral también señalan al director de la DIAN, o sea, léase bien, quien dirige la institución que nos obliga a declarar renta y pagar impuestos para sostener el Estado y su funcionamiento, evade las normas; ahí es cando comprendemos que Gabriel García Márquez jamás exageró con los detalles de nuestro país y que nunca escribió ficción, somos Macondo. Ante este panorama ¿cómo carajo pretende el gobierno en palabras del alcalde de nuestra capital caldense, que los ciudadanos de a pie paguemos con amor y con entusiasmo los impuestos?, si además de la enorme corrupción que cada vez más invade todas las esferas de nuestra vida, la poca inversión o redistribución de los impuestos en bienestar social, quienes nos deben dar ejemplo de tributación son los primeros en evitarla.
Reconocemos que los impuestos son necesarios y que son en gran medida el bastión financiero de las entidades gubernamentales y de los planes, programas y proyectos que se ejecutan en el país, pero el gobierno nacional y el congreso pretenden que esa carga solo la asumamos los ciudadanos clase media y baja, y si hablamos de gravar con impuestos a los más ricos nos tildan de revoltosos, socialistas e izquierdosos. Lastimosamente, este tema, no solo afecta a los ciudadanos de a pie, sino también a los empresarios y a quienes deciden formalizar sus emprendimientos, porque el Estatuto Tributario vigente permite que contribuyentes de mayores ingresos no paguen impuestos proporcionales a su riqueza, limitando así el rol redistributivo de los mismos y, por consiguiente, el sistema tributario colombiano privilegia a quienes concentran el poder político y económico.
Entonces es apenas natural que no tengamos una cultura tributaria, que hayamos incorporado en la cotidianidad cientos de mañas para evadir impuestos y para no pagar lo que nos corresponde, además de afirmar, ¿para qué pago impuestos si igual se los van a robar?, ¿Por qué debería pagar impuestos si quienes más tienen no lo hacen?
Es así como una verdadera reforma tributaria, debería considerar un sistema progresivo, que logre reducir la desigualdad y corregir la injusticia. Se requiere una reforma que modifique algunos de estos elementos, especialmente en esta coyuntura en donde los impactos de la pandemia se han concentrado en los más marginados, solo estas acciones le permitirían al Estado colombiano iniciar un largo camino hacia la recuperación de legitimidad y confianza entre sus ciudadanos.
Por eso, tantos estudiosos economistas y expertos en finanzas han insistido que la reforma que se proponga debería empezar con una mayor tributación a las personas más ricas a través de una tributación más decidida al capital, y no al trabajo o al consumo como siempre se ha hecho.
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