Opinion

La eterna y nefasta doble moral

Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.

Los estudios electorales y de teoría política han evidenciado que, en Colombia para ganar adeptos y votos, la gran mayoría de políticos en palabras paisas juegan al diablo y a dios, es decir, hacen parte de la oposición para vender un discurso de control político que una vez conquistan el poder olvidan o atacan a quien lo hace y los proyectos o causas que atacaban hoy las defienden, y claro, es necesario reconocer que es válido cambiar de opinión y defender causas que en principio no se consideraban, lo lamentable de esta situación es que justamente sucede en época electoral y solo por el interés de generar posibles votantes o en un caso mucho peor, de beneficiar las maquinarias y estructuras electorales con contratos para amarrar y asegurar el triunfo en las elecciones.

Una muestra de esto es el debate que justo ahora se está dando, y es lo relacionado con el mico de la ley de garantías, que incluye un artículo nuevo en la ley de Presupuesto General de la Nación de 2022, para suspender la ley de garantías y de esta manera permitir que los funcionarios públicos puedan celebrar contratos antes de las elecciones del próximo año, esto quiere decir que se levantaría la prohibición que hoy en día tienen los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de las entidades, para celebrar dichos convenios para ejecutar recursos públicos, dentro de los cuatro meses anteriores a procesos electorales. Y este gran mico, que durante tantos años es lo poco que nos ha permitido luchar contra la corrupción, se está vendiendo como una de las estrategias de reactivación económica, si como lo leen, bajo esa premisa hoy, quieren aprobar la malversación de los recursos públicos con fines político-electorales.

A hoy, las comisiones económicas de Senado y Cámara le dieron el visto bueno al proyecto de ley del presupuesto general para 2022, es decir, que este proyecto ya fue aprobado en primer debate, y aunque el gobierno de Duque intenta vendernos este proyecto con buenas intenciones, argumentando incluso que es una respuesta a la necesidad social del país, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, dijo que los empresarios no están de acuerdo con tumbar ese instrumento de garantía electorales.

Considero que estas decisiones valen la pena discutirlas, pero con objetividad, con condiciones y en un tiempo completamente distinto a los periodos electorales, a hoy es un riesgo inminente que la contratación estatal se adecue en función de los intereses del partido de Gobierno y eso atenta contra la democracia. Sin embargo, asumir que esta eliminación del artículo es la única forma de contener la corrupción, es pretender tapar el sol con un dedo, porque es desconocer las formas en que se mueve la corrupción, y la increíble y asombrosa manera en que se sofistica, para superar todos los procedimientos, requisitos y leguleyadas se crean.

Insistimos que hoy es inoportuna la proposición que cursa en el Congreso, porque podría derivar en que los recursos destinados a la reactivación económica sean usados en el fortalecimiento de campañas políticas. Permitir que los recursos públicos terminen financiando las malas prácticas políticas bajo el argumento de la reactivación económica es un riesgo innecesario y muy alto.

Esto además implica una gran y mañosa ventaja, como siempre ha sido en época electoral para quienes hoy están en el poder y buscan reelegirse en las diferentes corporaciones o en cuerpo ajeno.

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