Por: Alejandro Loaiza Salazar – Enlace Congreso de la República. Oriundo de Samaná, con estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Qué Uribe y Duque como senadores en su momento hayan criticado la eliminación de la ley de garantías durante el gobierno Santos, ya deja sin parte de los argumentos a muchos de los Uribistas defensores del actual artículo en la ley de presupuesto, con el cual pretenden suspender parte de la ley de garantías para estas elecciones.
Qué una Senadora como María del Rosario Guerra, Uribista pura sangre, una de las más poderosas congresistas de esta bancada, hayan votado negativo al artículo que suspende la mencionada medida, también deja en el aire la falta de consenso dentro de la bancada pro Gobierno, dada la inoportuna y peligrosa idea.
Qué industriales y jefes de gremios como Juan Martin Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, quien tiene dentro de su lógica empresarial casi que exclusivamente la generación de ganancias, se oponga a dicha medida, la cual tiene como principal argumento recuperar tiempo y crecimiento económico perdido por la Pandemia, también despierta desazón y suspicacia respecto a donde se irán las ganancias y beneficios económicos de los convenios interadministrativos.
Corrupción, compra de votos y clientelismo es lo que hay detrás de la suspensión de esta medida.
Utilizando procedimientos inconstitucionales, el congreso pretende suspender parte de la ley de garantías, con argumentos pobres y distantes de la realidad nacional.
Un convenio interadministrativo, no es otra cosa, y para este caso, que un modelo de gestión bajo el cual el Gobierno Nacional firma con la entidad territorial que considere, con el fin de trasladar recursos para ejecutar proyectos. ¿Pero dónde está la corrupción?
La cosa es así, no les parece extraño que al inicio del gobierno Duque, cuando su lema de campaña de no más mermelada seguía siendo parte de su consigna de trabajo con el Congreso, las iniciativas legislativas del gobierno difícilmente pasaban. Pues esto cambio, no solo con la aceptación de Duque de tener que usar mermelada, sino que además se sumó la virtualidad del congreso, que facilito el dialogo directo con los congresistas y Palacio de Nariño, y con cambios ministeriales y en las cabezas de algunas entidades, las cuales pasaron de ser de Uribistas pro Duque, a ser manejadas por algunas bancadas pro gobierno, donde los partidos sugerían los nombres de quienes deberían gerenciar carteras ministeriales o instituciones del gobierno, y de esta manera dejar tranquilos a los congresistas, los cuales facilitaban que los proyectos legislativos del gobierno tuvieran buen tramite.
Supongamos que un congresista X es amigo o tiene margen de maniobra en una cartera ministerial o una entidad como el DPS o el ICBF, pues bien, la cabeza de dicha entidad o cartera ministerial tiene la orden de ayudar a ciertos congresistas, fundamentales para la votación de proyectos, como la reforma tributaria o la ley de presupuesto.
Manifiesta entonces el congresista su intención de que en cualquier municipio Z, donde se tenga alcalde amigo, se direccione una coliseo, una cancha, una pista de lo que sea…, para con ello congraciarse con su alcalde y sus electores, pero además en una lógica perversa, el congresista y el alcalde ya con el convenio firmado y los recursos asegurados, interfieren en el proceso de adjudicación del contrato, en aras de asegurar que algún buen amigo sea quien lo ejecute, a su vez dicho amigo contratista, tendrá no solo que aportar a la campaña del congresista, sino contratar el personal que se considere necesario, no para la obra, sino para la consecución de votos.
Son estos proyectos, los que en ocasiones se quedan cortos y solo ven un primer ladrillo, pues el dinero desviado a campañas, hizo falta para la culminación de la obra, o simplemente se contrató al menos idóneo, pero si al más amigo y con ello se fortaleció la estructura electoral.
Es lo anterior lo que minimiza la ley de garantías, la posibilidad de que recursos y proyectos sean usados para empresas electorales, el dinero que en principio pretendía despertar la economía, no resulta siendo nada diferente, que recursos de presupuestos de campaña y de congresistas corruptos que perpetúan un perverso sistema que jamás aportara al crecimiento económico y la libre competencia.
Por eso, suspender la ley de garantías en un país como el nuestro, y en las actuales condiciones de polarización y sensibilidad política, sumada a la estructural corrupción, es inconveniente y peligroso, de allí parte de mis razones para considerar que no es conveniente suspender todavía esta necesaria ley.
Twitter: @AlejandroLSFD
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