Sucesos

¿La justicia es para todos?

Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.

Se ha hecho típico en nuestro sistema judicial con el fin de evadir las sentencias y condenas, apelar a enfermedades o trastornos mentales, sobre todo si quienes cometen presuntos delitos son personas con un núcleo familiar con status social o con miembros que pueden ejercer tráfico de influencias. Este es el caso de Enrique Vives, donde las diligencias preliminares a su juicio se extendieron durante seis días, por la ausencia del mismo, quien informó que no estaba en condiciones físicas y mentales para comparecer ante las autoridades judiciales.

Pero esta estrategia no es nueva, solo por nombrar un ejemplo adicional, tenemos a Rafael Uribe Noguera, lo que nos permite traer a colación el resultado del más reciente Índice Global de Impunidad, que periódicamente realiza la Universidad de las Américas Puebla, de México, que confirma una tesis que desde hace tiempo se viene hablando en el país: en Colombia reina la impunidad.

El estudio refleja que solo dos municipios se ubican en un nivel bajo de impunidad. Mientras que el 57 por ciento de los municipios tienen un alto índice de impunidad. Por este motivo Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad en América Latina. La impunidad es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia lo dejará en libertad.

En Colombia, 7 de cada 10 personas no creen en las instituciones, esta es una de las razones por las cuales los ciudadanos se toman la justicia por mano propia. A esto le sumamos que la corrupción, inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten, sin mencionar que los autores intelectuales de la guerra pocas veces son investigados y hacen artimañas para seguir lucrándose del dolor y el conflicto.

Como dice Jesús Abad Colorado necesitamos mirarnos en ese espejo roto que es el conflicto para comprenderlo y salir de él. Pero esa brecha de la desigualdad también parece que se transpola a la justicia y nos manda un mensaje a la ciudadanía que la misma nos es para todos y parece ser que solo aplica para ciertos sectores de la sociedad.

Colombia tiene una crisis judicial profunda que no permite que el aparato de justicia satisfaga las demandas de la población. Además de las dificultades de acceso y eficiencia, el funcionamiento del sistema judicial colombiano presenta problemas agudos de inequidad y selectividad en muchos campos, pues los distintos intereses y derechos no son protegidos en forma igualitaria por los jueces.

Así, en el campo penal, un estudio ha mostrado que en Colombia la posibilidad de que un acusado representado por un abogado de oficio sea condenado es 80% más alta que la de un acusado representado por un abogado privado, lo cual muestra que el sistema penal castiga más severamente a las personas de escasos recursos.

Entonces son la corrupción, la baja calidad de los servicios y la desconfianza en el sistema, quejas reiteradas frente al sistema judicial, por ende, el clamor casi que generalizado es la urgencia de reformar la justicia, al menos para que sea más ágil y eficiente.

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