EDITORIAL
A partir del próximo 14 de noviembre de 2021 entra a regir en todo el país la Ley de Garantías Electorales de las elecciones para congreso de la república.
Como dijese un alcalde, prácticamente hasta esta fecha llega el mandato de las actuales administraciones porque a partir de ese momento no se pueden firmar convenios interadministrativos, paralizando de cierta forma la administración pública, perjudicando en mayor proporción a los entes municipales. La Ley de Garantías para congreso empata con la de presidencia de la república la cual terminará el 20 de junio de 2022, si hay segunda vuelta.
Lo convenios que no se firmen antes del 14 de noviembre, no se alcanzarán a ejecutar en su totalidad durante este período constitucional, y les corresponderá a los sucesores de los actuales mandatarios locales, culminarlos e inaugurarlos.
Venimos de un período muy largo de pandemia durante el cual la capacidad de maniobra de los gobernantes municipales actuales fue prácticamente nula y por lo tanto su capacidad de gestión se vio notablemente reducida.
El Gobierno Nacional ante el clamor de muchas autoridades locales, presentó a consideración del Congreso de la República un proyecto de Ley, con mensaje de urgencia, para eliminar la Ley de Garantías, lo cual sería de gran beneficio y compensaría el tiempo perdido para gestionar debido a la pandemia.
Ante estas circunstancias, se hace necesario que la clase parlamentaria y las autoridades locales cierren firmas y respalden al gobierno nacional en su propósito de eliminar esta Ley que tanto traumatismo le genera a la administración pública.
La Ley de Garantías hace parte de esas normas extrañas como la prohibición a los funcionarios públicos para participar en actividades políticas, las cuales, entre otras, deberían revisarse.
En muchos casos el legislador por hacer bonito hace feo.
Pensilvania, 29 agosto 2021.
@tintiando
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