Opinion

AQUÍ PENSANDO

Por: Cristina Otálvaro Idárraga-Abogada; Conciliadora en Derecho; Especialista en Gestión Pública, en Derecho Constitucional y Parlamentario y Derecho de Familia; Magister en Políticas Públicas.

La libertad de cultos o de la libertad religiosa se encuentra consagrada en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, que fue desarrollado por la Ley 133 de 1994 y algunas normas que la han modificado o complementado.

De acuerdo con las estadísticas de la Corte Constitucional en el periodo entre enero de 2019 a abril de 2021, con relación a las acciones de tutela por derechos demandados, encontramos que sobre el derecho fundamental de la libertad de cultos se han instaurado 160 acciones, de las cuales 5 se han dado en el departamento de Caldas y se registraron en el municipio de La Dorada. Podríamos pensar que hemos sido, frente a otros derechos constitucionales, respetuosos de los cultos que profesen las personas que piensan o crean diferente.

En un municipio del departamento de Caldas en el lapso de tiempo consultado, no figura ninguna acción de tutela por libertad religiosa, sin embargo, en el mes de mayo un Juez falló a favor de un accionante de esa localidad su libertad de culto, ya que el decir del actor era que se había vulnerado su derecho porque al estar presente en el recinto de una entidad de elección popular, evidenció como antes de comenzar su reunión se hizo una oración y había una imagen religiosa en una pared del lugar.   

Por lo anterior, en el fallo de tutela se requirió que la corporación retirara las imágenes religiosas y se abstuviera de llevar a cabo ritos religiosos como, por ejemplo: orar. Lo cierto es que pudimos conocer que los miembros de esta entidad en su mayoría practican la religión católica y se destaca una de sus integrantes que no profesa dicha religión, sin embargo, al ser consultadas algunas personas de esta corporación, manifestaron ser respetuosos de la religión que profesen los demás ciudadanos y no han buscado imponerla a quienes no la acepten, por el contrario, cuando realizaban la reflexión del día, oración o rezo, lo hacían por fuera del orden del día de la reunión y le permitían también a personas que no creen en la religión católica hacer lo propio, según su creencia, es decir, todos participaban indistintamente de la religión que se profesase.

Hoy hay división alrededor de la decisión judicial, unos a favor otros en contra, como suele suceder en un tema tan álgido y en un pueblo donde la mayoría de sus habitantes promulga la fe católica; aquí viene la disyuntiva, y es la que obliga a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. La misma Corte Constitucional ha dicho que los fallos de los jueces son para acatarlos y no para quedar en el papel. En nuestro ordenamiento jurídico la acción de tutela puede ser impugnada, como en efecto se hizo, pero la segunda instancia confirmó la decisión del primer juez, ahora queda que se solicite la revisión de la Corte, que es perfectamente válida, eso si, su decisión ya sería la definitiva y sentaría un precedente jurisprudencial frente a situaciones similares.

No buscamos estar a favor o en contra, queremos poner el contexto para que sean ustedes quienes determinen si podemos ser más tolerantes con situaciones como la presentada en este municipio o si por el contrario y como dice el dicho popular “volvernos más papistas que el Papa”.

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