Como principio básico para la paz política a pocos meses de dos certámenes electorales.
Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
En el discurso pronunciado por el ex presidente Lleras Camargo en la Escuela Militar de Cadetes el 8 de diciembre de 1945, declaraba que “solo creando condiciones políticas muy diversas a las predominantes en las relaciones de los partidos entre sí y con el gobierno, podría la República sobreponerse a los golpes de la anarquía y al desorden.” Hasta aquí lo dicho por el gran estadista.
Un llamado al ejecutivo nacional como a sus delegados en los entes territoriales, responsables de las políticas de seguridad, garantizar que las próximas elecciones se realicen de manera transparente y sin mancha, donde la voluntad popular sobre su destino sea respetada.
Los altos funcionarios del estado, empezando por la persona del Presidente de la República, no podrán ser parciales en la contienda de los partidos, imponiéndose la total y absoluta neutralidad, en el sentido que no se puede utilizar el gobierno, el presupuesto de la nación, los vehículos oficiales, el poder que en cualquier grado ejerzan para ofrecerlo como ayuda a una campaña política, y, menos aún ejercer coacción sobre las gentes humildes de las respectivas jurisdicciones.
Es cierto que no nos merece confianza el actual sistema electoral, cuestionado de tiempo atrás, donde impera la trashumancia, las presiones de grupos armados, jurados de votación cohonestando el fraude y el carrusel electoral, determinan que le corresponde a la clase política de una vez por todas, que le ha llegado el momento de jugar limpio, que lo que ayer fue posible, no tiene por qué dejar de serlo en horas como las de hoy, requiriéndose grandeza y lealtad con la nación.
De no ser así, les asiste la razón a quienes promueven una gran reforma institucional que abarque el sistema electoral, funcionamiento de los partidos, del Congreso, una real y seria reforma a la justicia, a diferencia de la que se aprobó en días pasados la que seguramente la Corte Constitucional declarará inexequible muchos de sus artículos por ser contrarios a la carta política sobre todo en lo concerniente con las modificaciones al sistema de gobierno de la rama judicial.
En síntesis, de lo expresado: reconocer que nuestras elecciones han venido siendo manchadas por dos fenómenos antidemocráticos: la violencia y el fraude. DUELE DECIRLO, CONTRA NINGUNA DE LAS DOS CAUSAS SE HA COMBATIDO CON SUFICIENTE EFICACIA Y DUREZA. TIEMPO DE HACERLO.
ADENDA: Respetamos la protesta social como un derecho constitucional que busca llamar la atención de la autoridad para presionarla a la solución de asuntos que no han podido ser solucionados a través de medios institucionales, sin acudir a la criminalización de la misma, con dos condiciones esenciales, pacífica y sin armas.
Llama la atención la forma como se ha venido desarrollando la misma desde el 28 de abril, con bloqueos y la creación de una fuerza denominada primera línea, que bien pueden tener sus antecedentes en los llamados comités de defensa de la revolución cubana, como se detalla en la excelente columna del ex canciller Julio Londoño, para continuar con los círculos bolivarianos del gobierno de Hugo Chaves, trasformado luego en los famosos colectivos.
Que esa primera línea a la colombiana no vaya a tener mayores consecuencias en la preservación del orden público, demeritando la naturaleza misma de lo que representa la protesta en un país con tanta desigualdad social.
