Opinion

RESPETO POR LAS COMPETENCIAS

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

La plena actividad electoral genera reiteradas denuncias por la indisciplina partidista por hechos que van desde la doble militancia, transfuguismo, como las violaciones de los regímenes disciplinarios y estatutarios de los afiliados a un determinado partido político, que terminan con las imposiciones de sanciones disciplinarias, muchas de ellas impugnadas por la vía de la tutela buscando reversar la decisión disciplinaria ante una instancia a la que le está vedada su injerencia en el campo político, al ejercer funciones extrañas al ejercicio jurisdiccional, pudiéndose ingresar a la politización de la justicia.

Conveniente recordar lo expresado por la Corte Constitucional en ST 009 del 2017 respecto a las facultades sancionatorias de los partidos, como la procedencia excepcional de la acción de tutela respecto a las investigaciones disciplinarias de estas organizaciones frente a sus afiliados, siempre y cuando se acredite un perjuicio irremediable, y donde los medios ordinarios de defensa no le sean expeditos para el control de legalidad y constitucional de la medida disciplinaria impuesta.

En el derecho comparado los regímenes disciplinarios de los partidos constituyen una constante, en virtud de la cual gozan de un amplio margen para fijar en sus estatutos internos, los deberes, derechos y prohibiciones que vinculan a su militancia, donde el Consejo Nacional Electoral es la única corporación competente para tramitar las impugnaciones de las sanciones impuestas cuyos fallos son demandables ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa – Consejo de Estado.

No sumarle a la congestión y atraso judicial donde los procesos ordinarios esperan su definición en los anaqueles de las respectivas corporaciones y juzgados del país, las controversias de los partidos con sus afiliados y se respeten las competencias delimitadas en los estatutos normativos, bajo la premisa que estos no producen actos administrativos susceptibles de ser demandados judicialmente.

La práctica del transfuguismo se ha convertido en un hecho cotidiano en la política regional y nacional, donde se cambia de partido o movimiento como si se tratara de algo que se compra y se vende, originando un engaño frente al electorado que observa con asombro como se mercadea la política, más pendientes de sus propios intereses que los de la colectividad, a los que habrá de derrotar para sanear las costumbres políticas de la nación y solo podrá darse aplicando en debida forma los estatutos de las colectividades, cuando esos fariseos  de la política pretendan retornar a la casa solariega después de haber apostado bien por cobardía o ambiciones desbordadas.

Lo deseable sería que ningún partido político tuviera que acudir a los procedimientos y sanciones disciplinarias, pero la realidad es otra, donde prima la ausencia de cultura política, las ambiciones sin horizonte la constante, las alianzas de última hora con el enemigo y contradictor del ayer, minando el futuro de los partidos como voceros de la opinión pública.

Adenda: La proyectada ley antivandalismo por parte del gobierno nacional no es más que atizar la hoguera del estallido social, desconociendo que en el Código Penal existen disposiciones para enfrentar esos hechos delictivos, el vandalismo, solo es aplicarlas en debida forma, respetando el Estado de derecho por parte de los organismos oficiales y judiciales.

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