Opinion

LA PROCURADURÍA. SE JUSTIFICA SU EXISTENCIA ?

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

Frente a las críticas que viene recibiendo por un exceso de institucionalidad funcional, conviene analizar si esta entidad cumple con la función asignada por la Constitución del 91 de ejercer una labor realmente efectiva e independiente de la rama ejecutiva, contrario a lo que sucedía con la estructura constitucional de 1886.

Reconocer que hoy se cuenta con una Procuraduría excedida de poder, clientelizada, en manos de la clase política, con unas tareas misionales realizadas por otras entidades que duplican no solo esas funciones administrativas disciplinarias, sino que representan enormes erogaciones  fiscales.

Las recientes decisiones tomadas por su titular en desarrollo de la función de control y sanción disciplinaria con algunos servidores públicos que han deshonrado su ejercicio administrativo con débiles argumentos de exención de responsabilidad, incluyendo los de elección popular, nos demuestra que este organismo creado desde los albores de la República puede ser excluido de la estructura jurídica del país, sin que se produzca un colapso institucional, por cuanto existen otras que ejercen funciones similares para cumplir los encargos señalados por la constitución política.

Resulta insólito que ante la crisis fiscal del país se aumente la planta de personal para satisfacer cuotas políticas, como la de ejercer funciones jurisdiccionales, tarea reservada a la rama judicial.

No es secreto alguno la pérdida de confianza ciudadana por la cooptación por parte del ejecutivo, su nula independencia y autonomía como garante de los derechos ciudadanos, actuando como si fuera apéndice del gobierno de turno, que no ofrece garantía alguna a la comunidad.

Procuraduría como la Mario Aramburu Restrepo por la década del 70 no la volverá conocer la sociedad colombiana.

En síntesis, le asiste la razón a quienes fustigan la  existencia del ente oficial, no solo porque su frondosa nómina burocrática afecta las finanzas estatales, sino por la coexistencia de otras entidades; si el funcionario desfalca el erario, existe para su vigilancia la Contraloría General, si abusa de su cargo en hechos delictivos, está la Fiscalía, si se incurre en indelicadezas administrativas, para eso están las oficinas de control interno de las propias instituciones, sin considerar el cuestionamiento que se le hace al ministerio público respecto a su intervención en el sistema penal acusatorio como parte, ya que la relación procesal debe darse entre fiscal y defensor.

Entonces la pregunta a formular, sería ¿Para qué continuar con una estructura que solo alberga una clientela profesional de los varones electorales ?

Es una de las tantas instituciones estatales que sobran en el organigrama, que tendremos la oportunidad de analizar en puyas posteriores.

ADENDA: En reciente sesión ordinaria del Consejo de Control Ético del partido liberal se escuchó la didáctica y espléndida charla sobre la controversia territorial y de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua por parte del ex canciller Julio Londoño Paredes, sus antecedentes históricos, la implicaciones de los tratados suscritos, como los fallos internacionales proferidos, demostrando una vez más que es el colombiano que mejor conoce y maneja estos temas que se refieren a la soberanía de ciertas islas y a la delimitación marítima entre ambos países.

Una lástima que esta clase de conferencia se quede en un auditorio privado, por cuanto la importancia de lo expuesto merece que la sociedad colombiana esté informada de tan vital asunto en materia de fronteras.

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