Opinion

PILDORAS DE OPINIÓN

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

Aprobada en su último debate legislativo, el proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia, buscando con ello, al decir del gobierno y ponentes, mejorarla y hacerla accesible a la población colombiana.

Por lo  aprobado, ni lo uno, ni lo otro, al ciudadano de a pie lo que le interesa es que sus procesos sean fallados en tiempo oportuno, reduciendo la congestión como la mora judicial, muchas veces imputable al operador judicial, dejando de lado las interpretaciones subjetivas, como los fallos inhibitorios, cumplimiento de los términos legales elevados a rango constitucional, donde el juez que recibe una delegación funcional del estado está en la obligación de impartir justicia con transparencia y ecuanimidad.

Se critica las excesivas funciones otorgadas a la comisión interinstitucional integrada por los presidentes de las Cortes de elegir al director ejecutivo como el de rendir conceptos vinculantes al Consejo Superior de la Judicatura respecto a temas de presupuesto, con un invitado más, el Presidente de la Comisión Disciplinaria, presencia que no tiene justificación alguna, por la actividad misional de conocer sobre las conductas de los funcionarios de la rama, y nada que ver con aspectos logísticos, presupuestales, o administrativos.

Otras de las criticas es el de la flexibilización de los requisitos para ocupar los cargos de Fiscal General, Procurador, Defensor del pueblo y Registrador permitiendo que los abogados que tengan títulos adicionales puedan acreditar como experiencia haber ejercido en ciencias política, gobierno, finanzas, economía y administración de empresas, tema sobre el cual tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional como garante de la carta política, con silencio evasivo del gobierno en tan importante materia para la seguridad jurídica  de la sociedad.

Lo cierto es, que a paso de elefante se le van quitando funciones a lo queda del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto los directores seccionales serán nombrados por el director ejecutivo para un periodo de 4 años, eliminándose la convocatoria pública, donde seguramente tendrá injerencia clientelista esa súper poderosa comisión interinstitucional.

– NUESTRO SISTEMA ELECTORAL. Se cuestiona el sistema electoral por la desconfianza ciudadana en los elegidos para los cuerpos colegiados, el aumento  de la  abstención electoral, el trasfuguismo, la crisis de los partidos, que día a día vienen perdiendo liderazgo frente a la  sociedad que los obliga a revisar su trabajo político, atendiendo los desafíos presentes, renovación de sus cuadros, sin pretender como equivocadamente opinan algunos que la misma se haga de manera radical, suprimiendo todo lo  que existe.

Recuperar la credibilidad de los partidos hacia la sociedad es la urgencia máxima y solo se logrará con el contacto directo con la militancia, fórmula para reconstruir el vínculo partidos – sociedad, tarea prioritaria  en estos horizontes  de tempestades.

ADENDA. Se nos están yendo en silencio grandes ciudadanos, amigos, profesionales y hombres de partido. Triste noticia la muerte de Álvaro Marín Ocampo, vástago de quién en el pretérito político fuera jefe del partido liberal en Caldas, Dr. Ramón Marín Vargas, excelente publicista, fino escritor, intelectual, con quién me unió una leal amistad, editor de dos de mis libros denominados, Reflexiones judiciales y otros escritos; Estado, justicia y paz.

Ciudadano de méritos, serio, discreto, sencillo y agradable contertulio, como fiel exponente a la máxima romana: ”Sé fiel a lo mejor que hay en ti mismo.” Paz a su sepulcro como peregrino de la eternidad y abrazo solidario a la familia.

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