El pasado miércoles se realizó en la Asamblea de Caldas un debate con el Secretario de Vivienda y Territorio de la Gobernación de Caldas en el cual se tocó el tema de la política pública del Plan Departamental de Aguas PDA.
Como es apenas lógico, el Secretario de Vivienda departamental salió a defender la posición de la gobernación de Caldas sobre su discrecionalidad para invertir estos recursos propiedad de los municipios, política cuestionada por algunos alcaldes quienes consideran que son ellos quienes los debe ejecutar.
Este debate sirvió para demostrar una vez más lo distante que están los diputados de los municipios. Ninguno de ellos, por falta de preparación o compromiso, salió a defender la posición de los alcaldes, olvidándoseles que estos recursos, propiedad de 26 municipios, al 30 de abril de 2021 ascendían a la no despreciable suma de treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro millones, doscientos treinta y cinco mil ochocientos cinco pesos con sesenta y seis centavos ($ 36.664.235.805,66), dinero que el gobernador y su secretario quieren ejecutar directamente contra viento y marea.
Como dicen por ahí, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Salió diputado del Partido de La U, Manuel Correa, a defender la posición del ejecutivo departamental citando el Decreto 1425 de 2019 “Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento”, establece los instrumentos de planeación con los cuales el Gestor del PDA proyecta las inversiones anuales y las fuentes de recursos con que inicialmente podría disponer, documentos aprobados a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento y posteriormente a través del Comité Directivo del PDA.
Siempre se ha dicho que hay dos clases de funcionarios y servidores públicos, los que utilizan una norma para agilizar, y otros que usan la misma disposición para obstaculizar. En este caso el gobierno departamental y el diputado Correa se clasifican entre los segundos.
En su intervención el diputado Correa dijo que un manto de duda se ha tejido sobre el manejo del PDA porque han salido artículos, no recuerda dónde, en los que se reclamaba que los recursos fueran administrados por las alcaldías. Curiosamente se le olvidó el nombre del medio de comunicación, sin embargo en su pasada visita a Pensilvania, el viernes 21 de mayo, en horas de la madrugada, en el bar de un céntrico hotel, sí lo recordaba con claridad para referirse a este portal de noticias en términos despectivos.
Ahora bien, este defensor de oficio de la gobernación, haciendo uso de rebuscados recursos lingüísticos, respalda la posición del gobernador y de su copartidario, el Secretario de Vivienda Departamental, para que sean ellos quienes ejecuten este apetitoso botín acumulado durante varios años.
Se le olvida al diputado y a sus copartidarios de la gobernación que una cosa es ser el gestor y otra diferente el ejecutor, y que el gestor puede contratar con los municipios o sus empresas públicas la ejecución de las obras.
Si el gestor tiene a cargo los recursos y la administración de estos, por supuesto que son ellos quienes los contratan y lo pueden hacer bajo cualquiera de las modalidades como licitación, concurso de méritos, y/o convenios administrativos con entidades territoriales (municipios) o empresas públicas municipales.
Aquí se trata de buscar la salida jurídica y que los alcaldes se agrupen para defender en forma unánime su posición sin ceder ante las presiones del gobierno departamental y sus aliados políticos.
Si estos 36 mil millones son de los municipios, lo lógico es que sean ellos quienes los ejecuten.
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