Opinion

TRANSPARENCIA SEÑORES

El Plan Departamental de Agua (PDA) es una estrategia del Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) que incluye agua potable, saneamiento básico, manejo de residuos sólidos y fortalecimiento empresarial.

El PDA se desarrolla mediante componentes como Infraestructura, aseguramiento en la prestación de los servicios y ambiental, por medio de los cuales no solo se mejoran las condiciones físicas de los acueductos y alcantarillados sino que se ofrece calidad de vida.

La Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Vivienda y Agua, es la gestora y ejecutora de los proyectos del PDA que se desarrollan en 26 municipios de Caldas.

Dentro de los logros se tiene que en seis municipios de Caldas se han suministrado carros compactadores de residuos sólidos, y dentro del programa de fortalecimiento empresarial se ha respaldado a las entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, ofreciendo asesoría legal, asistencia técnica, capacitación, acompañamiento y seguimiento. También se desarrolla un trabajo de adquisición de predios y reforestación al lado de las cuencas de abastecimiento de los municipios involucrados en el PDA, con el fin de contribuir en el cuidado ambiental del departamento.

La disponibilidad de recursos de los municipios al 30 de abril de 2021 asciende a la no despreciable suma de treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro millones, doscientos treinta y cinco mil ochocientos cinco pesos con sesenta y seis centavos ($ 36.664.235.805,66).

Chinchiná tiene $ 2.552.449.277,79 millones, Marmato $ 2.520.189.266,58, $ Neira 2.627.790.485,44, $ Palestina 1.548.591.797,51, Pensilvania $ 5.084.482.202,87, Riosucio $ 1.037.572.944,45, Samaná $ 3.833.170.566,93, San José $ 1.426.179.817,70, etc.

Actualmente se encuentran varios proyectos formulados para invertir estos dineros, y la Gobernación de Caldas y su Secretaría de Vivienda quieren ejecutar ellos mismos un paquete de obras que están preparando para los distintos municipios.  

Ya que estos recursos pertenecen a los municipios, lo lógico es que sean sus propias alcaldías quienes los ejecuten para robustecer los presupuestos municipales, mostrar obras y ejecutorias, y optimizar la inversión; sin embargo, de manera extraña, el señor gobernador y su secretario de vivienda, se niegan a esto diciendo que por mandato legal les corresponde a ellos adelantar todas las etapas contractuales.

En aras de la transparencia y la lógica, tanto el gobernador como su secretario de vivienda, deberían buscar la vía jurídica, si es que realmente existe impedimento, para que sean los alcaldes, a través de sus respectivas administraciones municipales, los responsables de la formulación, adjudicación y ejecución de estas obras.

En este caso es mejor pecar por exceso que por defecto, y entre mayor transparencia haya mucho mejor. Estamos hablando de más de 36 mil millones de inversión en obras civiles.

Manizales, 06 junio 2021.

@tintiando

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