Opinion

¿Estado social de Derecho o de negocio?

Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.

Si buscamos en el diccionario la palabra Reforma, encontraremos que se refiere al procedimiento que se realiza con el fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo, si llevamos esta definición al proyecto de Ley 010 por medio del cual se pretende “reformar” el sistema de salud actual, uno esperaría que el proyecto de reforma propusiera cambios y soluciones a los problemas y debilidades que tiene el sistema y que ya conocemos y ¿adivinen?, así es, no lo hace, al contrario, propone seguir por el mismo camino que nos ha llevado a tener la crisis que tenemos a la fecha, en otras palabras, resulta peor la cura que la enfermad, es continuar medicándonos con el mismo antibiótico que no nos ha servido. Veamos en resumidas cuentas porque:

1. No propone eliminar los intermediarios entre el Estado y las IPS (Hospitales) que son las EPS, no se ve ninguna intención de cambiar este modelo, sobrediagnosticado como un fracaso y un nido de corrupción, responsable en gran parte de la crisis hospitalaria actual; no soluciona la precarización laboral del personal ni propone alternativas para disminuir las brechas de acceso a los servicios de acuerdo con la capacidad de pago, etnia, género y territorio.

2. Presenta un retroceso en la manera en como concebimos la salud, puesto que hoy lo consideramos y está reglamentado en la Constitución Política del 91 como un derecho fundamental y la reforma ahonda única y exclusivamente en la sostenibilidad financiera, tanto así, que propone la construcción y operación de hospitales bajo el modelo de concesión, así como funcionan los peajes, entonces, el problema de la privatización y la tercerización, a cambio de eliminarse, se promueven y recrudecen, al nivel de proponer la eliminación de los hospitales públicos.

3. Varios expertos del sector han sugerido que el proyecto contemple la inversión decidida en prevención y promoción de la salud, teniendo en cuenta que hoy en día tan solo se invierte el 0,03% de la Upc, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema para cubrir el POS, y, por supuesto, la reforma no lo contempla. Es más, quiere que el riesgo de enfermarse sea responsabilidad de cada persona y que de acuerdo a un paquete de afiliación único, que aún no lo deja claro el gobierno, se determine si la enfermedad por la que consulta el usuario debe ser atendida de manera particular o no, por ejemplo, una persona en condiciones vulnerables, sin agua potable ni saneamiento básico y con una dieta alimenticia regular, que puede desarrollar por su entorno un sinfín de patologías, puede ser determinado que es culpable de su estado de salud y por ende, tendrá que pagar como particular para ser atendido, es decir, lo margina el Estado en doble vía, uno, por su condición económica y dos, por ser “responsable” de su estado de salud, o sea, hágame el favor, en el marco del Estado social de derecho que se supone somos, se sigue mercantilizando un derecho fundamental.

Es así como podemos concluir que, el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud ni su prestación, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema y profundiza el carácter privado y económico de la salud, como decimos en palabras paisas de Guatemala a Guatepeor.

Campaña institucional de la Gobernación de Caldas

Lo más visto

Subir