EDITORIAL
Durante esta semana, la inmensa mayoría de los colombianos observamos impotentes la forma como turbas de vándalos acaban con nuestro país amparados en el derecho a la protesta y con el pretexto del descontento por el proyecto de reforma tributaria.
Marchas en las que han participado varios oportunistas políticos y servidores públicos de elección popular quienes en lugar de dar ejemplo, prefirieron la irresponsabilidad de exponerse en esos amontonamientos que son el principal difusor del covid-19.
Organizadores irresponsables quienes con cinismo, mientras las ciudades se incendiaban, salieron a decir que las protestas fueron en paz, salvo casos aislados provocados por infiltrados.
Dirigentes y líderes que se aprovechan de la ignorancia del pueblo para llevarlos a protestas y convertirlos en idiotas útiles de unos pocos vivos. La causa de los pobres no es la misma de quienes los utilizan. Estos tienen intereses y condiciones socioeconómicas muy diferentes, ni siquiera son sus vecinos porque todos viven en exclusivos sectores y tienen sus necesidades básicas y no básicas completamente satisfechas. Lideran las protestas, marchan, lanzan arengas y luego se van a sus lujosas residencias a tomar whisky y a escuchar las noticias que registran como ese pueblo que ellos enardecieron, pone los detenidos, heridos y muertos, y acaban con la ciudad.
Turbas irracionales con actos de hipocresía frente a Instituciones de Salud gritando “gracias” al personal hospitalario, profesionales que en dos semanas estarán pasando trabajos para salvarles sus vidas por la irresponsabilidad de exponerse al contagio en esas manifestaciones.
Criminales con morral a la espalda sin escrúpulos para lanzar bombas molotov contra uniformados de la policía pretendiendo incinerarlos vivos, y asesinándolos con sevicia como el caso del Capitán de la Sijin en Soacha.
Necesitamos un gobierno fuerte que judicialice y meta a la cárcel a los organizadores de estas protestas por su responsabilidad, directa o indirecta, con estos desmanes, lo mismo que a cuanto vándalo logren detener las autoridades legalmente constituidas del Estado sin miedos ni contemplaciones.
Excelente decisión de sacar el ejercito a las calles para proteger al inmenso resto de población que no comparte estos actos de barbarie. Oh «Estatuto de Seguridad», cuánto le añoramos.
En estas protestas siempre pierde, y es la más perjudicada, la clase media, la misma a la que según dicen estos desadaptados sociales, quieren proteger para evitar que desaparezca. Las entidades bancarias o los almacenes de cadena recuperan a través de los seguros lo robado. El dueño de la tienda, restaurante o cafetería nunca recuperará el valor de sus afectaciones.
Como vamos, los costos de los actos vandálicos van a ser muy superiores a los de la misma nefasta y perversa reforma tributaria de Duque. La protesta no es para acabar con las ciudades y las instituciones democráticas. Se requiere con urgencia que la dirigencia se amarre los pantalones. Mano dura. Si usted es una persona de bien, no tiene por qué asustarse.
Pensilvania, 02 mayo 2021.
