Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
El pasado 3 de febrero se celebró el día del abogado, profesión que en los últimos años ha venido siendo difamada con la tacha de sospecha y prevención que acompaña en cada lugar a esta clase de profesionales sufriendo las consecuencias de los deslices de unos cuantos.
Cómo no añorar aquellas épocas que por fortuna nos tocó vivir como litigante y magistrado de la República, donde se miraba la profesión con dignidad y decoro, como pilar fundamental de la vida social, con profesionales probos, elogiados internamente y en el exterior, por sus luchas jurídicas y doctrinarias, sus exposiciones académicas, escritores fructíferos de obras jurídicas que aún perduran como materia de estudio, jueces, magistrados ejemplos de pulcritud y honestidad.
Hemos llegado a una escala de débiles valores, la falta de hidalguía y carácter de muchos funcionarios de la justicia para hacer respetar su propia profesión en el trato al abogado litigante que se erige como el más importante colaborador y auxiliar de la justicia, una solidaridad gremial inexistente, la ausencia de colegiaturas fuertes, como la oleada de leyes promulgadas sin el estudio previo de impacto social.
Que no decir de un ministerio de justicia desdibujado, ausente en la regulación de las políticas estatales en materia de criminalidad, violencia intrafamiliar, menor delincuente, salud mental, causas del delito, tratamiento a la delincuencia.
Un llamado a las diferentes jurisdicciones para que se respete el ejercicio profesional y se le valore por la importancia que representa en el debate procesal, dejando de lado la soberbia y el dogmatismo judicial.
Y como nada es para siempre, la misma vida les recordará que el paso por la juridicidad es pasajero y que algún día regresarán al ejercicio y desearán un trato amable y digno.
Tiempo de retornar por los valores jurídicos perdidos, sin los cuales no puede existir el derecho, respeto por la ética y la moral, ante la presencia de muchos profesionales del derecho con características innatas que los inclinan mucho más hacia lo antiético y a las mañas judiciales.
Que las escuelas de derecho mejoren sus enseñanzas, manejo riguroso de los pensum académicos, para que la sociedad pueda tener confianza absoluta en la persona a la que se entrega una tarjeta profesional de abogado, que hoy en día superan los 400 mil, cifra demasiado alta para la población colombiana.
ADENDA: Produce desazón escuchar a los funcionarios tanto nacionales, distritales como a los agentes del orden, tratando de minimizar el problema más grave que padece la sociedad colombiana, que no es otro que el de la SEGURIDAD.
Recordarles a estos burócratas que cuando las gentes de bien puedan adelantar sus actividades diarias sin temor a sufrir menoscabo o daño físico, social, o patrimonial, o ejercer responsable y libremente sus derechos con toda libertad, se puede afirmar que tenemos seguridad, lo demás es espejismo.
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