Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Al finalizar un corto periodo vacacional retomamos esta columna puya que solo pretende reivindicar el derecho a exponer nuestro pensamiento y opinión en representación de aquellos que no pueden hacerse oír o piensan distinto, propio de una democracia participativa, tratando de exponer la verdad como condición de libertad, que nos hace recordar la promesa bíblica que dice: “La verdad os hará libres”.
Este inicio de año ha estado copioso de noticias tanto a nivel internacional como doméstico, que van desde los cuestionamientos al incremento de los salarios de los parlamentarios, comparándolo con los porcentajes para el salario mínimo y el indecoroso para los pensionados que se establece de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, (IPC) al 31 de diciembre del año anterior, norma para algunos inconstitucional por la iniquidad en su aplicación por cuanto cada año se pierde el valor adquisitivo constante que deben tener las cuantías pensionales, por ser ambiguo, al certificarse varios índices de precios al consumidor, por regiones, nivel de ingresos, para concluir en un total, que es el aplicado.
Son muchas las voces que vienen solicitando que ante la crítica situación fiscal del país, agravada por la pandemia se haga una revisión frente a la injusticia respecto al ciudadano del común que solo recibe el mínimo, si corre con suerte.
El tema deberá ser abordado con toda la rigurosidad técnica, sin apasionamientos, cálculo electoral muy propio de ciertos movimientos o grupos políticos para evitar caer en desafueros jurídicos.
Diferentes propuestas se han presentado en el pasado, desde una reducción porcentual de esas altas remuneraciones, hasta la congelación por un término de dos a tres años para las cuantías que superen los 25 salarios mínimos mensuales vigentes como opera para las pensiones por línea jurisprudencial.
Seamos claros, lo que irrita al ciudadano de a pie, el que paga sus impuestos dejando de lado en ocasiones el cumplimiento de obligaciones domésticas, es que toda esa carga fiscal de elevados sueldos se destine para cubrir la ineficiencia de una administración preocupada en aumentar la burocracia para satisfacer compromisos del ejecutivo con sus aliados del poder.
Bienvenido ese debate, si es que se desea consolidar la paz social, pero sin dogmatismo, con objetividad y altura académica, como técnica, que se respete el conocimiento, el profesionalismo de muchos funcionarios que cumplen eficientemente con sus labores, frente a otros que son premiados por un lobby político que tanto daño le viene causando a nuestra frágil democracia colombiana.
Adenda: La frase “todo tiempo pasado fue mejor”, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente las gentes las echa en el olvido.
Aplicada la frase al campo político, significa la pérdida de la dignidad e importancia de los cargos públicos, de representación popular, como judiciales, ejemplo de ello el lunar en la composición de la nueva comisión de disciplina judicial con la elección y posesión de un magistrado de apellido Granados llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, designación que deshonra la majestad de la justicia.
Como no recordar personalidades de la estatura intelectual, académica y social, con vasta trayectoria profesional, con conocimiento de la realidad política del país, hombres de Estado que ocuparon el Ministerio de Gobierno, hoy denominado Ministerio del Interior, la mayoría con talla presidencial, Absalón Fernández de Soto, Misael Pastrana Borrero, Pedro Gómez Valderrama, Fernando Londoño Londoño, Alberto Mendoza Hoyos, Jorge Mario Eastman, Abelardo Forero Benavides, German Zea Hernández, Douglas Botero Boschell, Fernando Cepeda Ulloa, el tigrillo Carlos Augusto Noriega conocido por su controvertida actuación en las elecciones del 19 de abril cuando se eligió como Presidente a Pastrana Borrero, Humberto de la Calle Lombana, quien ocupó el cargo en dos oportunidades, entre otros.
Lo anterior para concluir la desdignificación de los cargos públicos en los últimos 18 años, que obliga preguntarnos quien es el actual Ministro del Interior, responsable del manejo de la política interna y de seguridad del país, y sin temor a equivocarnos muy pocos responderán que es un señor Palacios, ilustre desconocido en el panorama político del país, pero con la suerte de ser protegido por un grupo político con mucha influencia en el gobierno central.
Eran otros tiempos y otros gobiernos.
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