Opinion

UN MAL EJEMPLO

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

Una mala energía desde que se creó el Consejo Superior de la Judicatura en la Constitución del 91, con sus dos salas, la Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria ha tenido esta corporación a lo largo de sus 27 años de existencia en la estructura judicial, con cuestionamientos por parte de la opinión pública, con más críticas la segunda por sus desafueros jurídicos en que han incurrido algunos de sus integrantes, fuera de los escándalos institucionales con voces autorizadas que venían pidiendo su supresión.

Sea lo primero afirmar el error del constituyente de otorgarle a esa sala funciones jurisdiccionales, cuando su naturaleza era de ser únicamente disciplinaria, facultad desbordada en ciertos casos ampliamente conocidos por la opinión pública, con fallos de tutela en contravía de la moralidad y de la ética pública.

Ese novelón judicial que a veces rayaba en  lo absurdo, desprestigiada  por años de escándalos, parecía tener fin con la eliminación de la sala en la cacareada reforma de equilibrio de poderes, creándose la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, para que asumiera la competencia del juzgamiento disciplinario de funcionarios judiciales y abogados, nombramientos en cabeza del Congreso de la Republica de ternas que presentarían la Presidencia y el Consejo  Superior.

Ahora bien, recordar como los actos administrativos emitidos en el 2016 por la Presidencia y el Consejo Superior orientados a reglamentar la convocatoria fueron declarados nulos por inconstitucionalidad por el Consejo de Estado, impidiendo su conformación, trayendo consigo la permanencia irregular de dos particulares que se negaban abandonar los cargos a pesar de tener vencidos sus periodos constitucionales de ocho años, a quienes se les compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación  por los posibles ilícitos penales en los que se pudiese haber incurrido.

Después de tantos ires y venires, con intervención de la Corte Constitucional, el Congreso en días pasados eligió a los nuevos  magistrados de ternas presentadas por la Presidencia y el Consejo Superior, destacándose en esa elección la de un personaje ternado por la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, llamado por la Corte Suprema para el pasado lunes 7 diciembre a una audiencia por los posibles delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y tráfico de influencias en servidor público.

Que no se nos diga ahora que a favor del nominado esta la mal llamada presunción de inocencia, cuando lo correcto sería estado de inocencia que rodea a las personas, inocencia que debería defender y argumentar fuera del cargo y no desde una posición que  exige probidad  en el ejercicio de este.

Que mal ejemplo ha dado el Presidente como el Congreso con esa nominación y elección, que solo nos genera una  exclamación: VERGÜENZA INSTITUCIONAL.

A propósito del tema, se ha vuelto costumbre con el apoyo de ciertos  periodistas publicitar a estos indelicados burócratas con arreglados reportajes, como el aparecido en el tiempo, edición del pasado domingo donde alega su propia inocencia, espacio equivocado pues debería hacerlo  ante sus jueces en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Lo demás es paisaje.

ADENDA: Recordar que la misión legal de los organismos de control disciplinario, es la de judicializar lo que debe ser judicializado, sancionar  con rigor las faltas contra la ética profesional, respetando el debido proceso, valorando las pruebas aportadas, ejerciendo la facultad sancionatoria con equidad y razonabilidad, y para ello lo único que se puede pedir es que a esos cargos se llegue con el conocimiento jurídico y filosófico y no  a través del cabildeo político que tanto daño le viene haciendo la administración de  justicia.

Campaña Institucional Gobernación de Caldas

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