Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
En la edición del pasado 19 de noviembre El Tiempo publica una crónica de Juan Gossain con el titular, “En Colombia fue la corrupción la que contagió el virus “, como una plaga peor que la pandemia que nos azota.
Razón le asiste al avezado cronista al analizar este aspecto de la vida nacional con datos estadísticos de la cantidad de contratos gubernamentales firmados en todo el país, que nos demuestra el tamaño de la corrupción que está asfixiando la sociedad colombiana.
Pero lo más grave del problema que hace metástasis en los organismos públicos como privados es la debilidad de la justicia, cuando opera, por ser laxa, benévola, condescendiente con los que trasgreden las normas fiscales, como penales, asaltadores del erario, al utilizar el soborno, la coima, el cohecho, el prevaricato, el abuso de las funciones públicas, el fraude procesal como figuras normales de sus actividades misionales.
Hay un hecho cierto, con las normas existentes no será posible combatir la corrupción, donde prima el principio de oportunidad, para muchos de impunidad, la inactividad de los procesos, la figura del vencimiento de términos, las presiones de todo tipo para exculpar al sindicado, con relaciones al más alto nivel, que hace imposible una condena ejemplar.
Diciente, dolorosa, pero realista resulta la afirmación de Transparencia Internacional en su informe sobre la corrupción, los índices de sobornos para ganar contratos, donde Colombia, “Es uno de los países donde se hace menos esfuerzos en la lucha contra la corrupción. En Colombia esos esfuerzos están estancados.” Se pregunta ¿quién o quiénes los estancan?
No será posible combatir la corrupción cuando el corrupto resulta ser el jefe de un cartel, como el caso del famoso funcionario anticorrupción de la fiscalía detenido en los EE. UU., y con pronto regreso al país donde deberá responder por sus torticeras actuaciones administrativas, en connivencia con exmagistrados y personajes de la política nacional. Ojalá denuncie a esos malandrines incrustados en las esferas de poder.
ADENDA. Por fin se integraron las ternas para la elección por parte del Congreso de la Comisión de Disciplina Judicial creada por la reforma de equilibrio de poderes, que a la postre terminó siendo de desequilibrio de poderes, que reemplazará la extinguida y desprestigiada Sala Disciplinaria donde dos particulares terminaron ejerciendo funciones jurisdiccionales, sobre quienes debe recaer las investigaciones penales, como la acción de repetición por recibir salarios y demás emolumentos sin sustento legal alguno.
Llama la atención, cuando se habla de la lucha contra la corrupción, la presencia en una terna de la Presidencia de la Republica de un exgobernador investigado por supuestos actos de corrupción gubernamental, procesos al parecer vigentes o por lo menos no se tiene noticia judicial alguna de su preclusión o archivo, pero si el apoyo de un jefe o grupo político con antecedentes en avalar aspirantes con cuestionamientos éticos. Como en la expresión popular: Averígüelo Vargas.
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