Opinion

DEBATE ELECTORAL CON ALTURA

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

Como quiera que ya empezó el proceso electoral con campañas abiertas para la Presidencia de la República y Congreso, valdría la pena exhortar a los partidos y movimientos políticos que la misma se realice con altura, dejando de lado el léxico demagógico, populista y engañoso, propio de ciertos dirigentes, paracaidistas de último momento,  respetando el libre disenso, sin interferencia de los grandes grupos de comunicación, quienes sin escrúpulo alguno acuden a la simplificación de la realidad social, a la descarada manipulación de la propaganda posicionando a candidatos de su predilección para continuar ejerciendo el poder que tanto los ha favorecido.

Cierto es,  que Colombia se ha caracterizado por la baja participación electoral por causas diversas que van desde la voluntariedad del voto, hasta la tradición histórica de ser un país abstencionista, el desinterés por la forma como se ejerce la política, por los desafueros de los gobernantes, donde los candidatos siempre son los mismos o sus parientes, o personajes reencauchados a pesar de sus cuestionamientos éticos, investigados penalmente, unos camaleones de la política, que saltan de un partido a otro sin vergüenza alguna, saltimbanquis responsables hoy en día de la desconfianza ciudadana frente a los partidos políticos.

Se está a tiempo de recuperar esa confianza perdida, restaurando la dignidad del ejercicio público, con candidatos de amplia experiencia, limpios en su pasado, con programas claros, leales a ese proyecto que se expone, como al partido que los promocionó y avaló.

En buen romance, liberar a las campañas de los vicios y mañas de la desgastada política que tanto daño le ha hecho a la poca democracia que nos queda.

Adenda: “Más vale tarde que nunca”, es una expresión popular que se utiliza para resaltar la importancia de hacer las cosas, aunque sea con retraso, frente a no hacerlas nunca.

Desde esta columna meses atrás veníamos denunciando la usurpación de funciones jurisdiccionales de dos exfuncionarios o particulares de la extinguida Sala Disciplinaria quienes desde hace 4 años se les había vencido el periodo constitucional para el cual fueron elegidos.

Ese ejercicio irregular, doloso y abusivo debe dar lugar a las investigaciones disciplinarias, como penales, cumpliendo una orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia reciente donde cuestionan un fallo o remedo de fallo emitido por esa espuria Sala Disciplinaria, calificando de particulares a los dos supuestos magistrados, cargos cuyo periodo tiene definición constitucional, donde el vencimiento o culminación supone la desvinculación automática y de pleno derecho del cargo y por consecuencia la imposibilidad de continuar ejerciendo las funciones del mismo.

Razón le asiste a la sociedad sana del país, en cuestionar la justicia colombiana, que pide con urgencia una reforma estructural, empezando por la selección del recurso humano, por cuanto son ellos los encargados de interpretar y aplicar la ley, si es que se pretende recobrar la confianza perdida en las actuales instituciones.

Ahora bien, no solo deben responder esos usurpadores por arrogarse facultades jurisdiccionales, sino aquellos entes estatales encargados del funcionamiento legal de las corporaciones judiciales, que no son otros que la Presidencia de la Republica, Congreso, Sala Administrativa, que permitieron que esa usurpación perdurara durante más de 4 años con unos particulares ejerciendo funciones jurisdiccionales, usando indebidamente la toga de jueces.

Es de esperarse que las argucias y leguleyadas no se impongan en las investigaciones penales que ordena la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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