Opinion

OBLIGADOS

EDITORIAL

Seguramente lo más importante de la reforma constitucional de 1991 fue establecer que Colombia es un Estado social de derecho en el que se respetan las libertades. Por ello una persona se puede cambiar de nombre, divorciar, renunciar a sus empleos, cambiar de sitio de estudio y de profesión, etc, etc.

Curiosamente solo hay una cosa que no se le permite y es cambiar de partido político a un servidor público elegido por votación popular, lo cual solo es posible con un dispendioso trámite que empieza mínimo un año antes al cual pocos se le apuntan.

En otros términos, la permanencia en una agrupación política de estos servidores públicos es obligatoria lo que está en contra de las libertades individuales pregonadas en la Constitución Nacional.

Si bien es cierto que para poder presentarse como candidato un ciudadano debe llevar el aval de una agrupación política, también es cierto que en un alto porcentaje el ciudadano vota por la persona sin importar la organización política que lo avala.

El congreso de la república en su afán de fortalecer los partidos políticos tradicionales le ha colocado talanqueras a la posibilidad de cambio de colectividad de los servidores públicos elegidos por votación popular. Los parlamentarios aprueban las Leyes y por obvias razones quieren mantener su clientela de la manera que sea para tener un electorado amarrado.

Desde hace varios años escuchamos hablar de la crisis de los partidos, la cual ha sido provocada por sus mismas directivas debido al manejo interno, los favoritismos, el poder del esfero al otorgar los avales, la falta de democratización interna, entre otros.

Actualmente todos los partidos son iguales, se perdió la identidad y los principios filosóficos ya no existen. Se convirtieron en fábrica de avales y en medio para acceder a cuotas burocráticas.

Ante ello por qué no permitir estar políticamente donde se desee sin camisas de fuerza que mantengan amarrados a estructuras políticas donde no se quiere estar ?.

Esta es otra de las cosas inexplicables de nuestro Estado social de derecho.

Pensilvania, 11 octubre 2020.

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