Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor.
La credibilidad o confianza en el campo de las instituciones son elementos básicos para el funcionamiento de una democracia, circunstancia que pareciera no darse en los actuales momentos, tanto a nivel central como distrital, que obliga a quienes conducen esos destinos gubernamentales a tomar radicales soluciones para revertir esa negatividad.
Todo por cuanto Colombia se ha caracterizado a través de sus últimos gobernantes en un estado fuerte defendiendo los intereses de los más privilegiados, con reformas tributarias con amplios capítulos de exenciones tributarias, ayudas económicas aún en época de pandemia, tratamientos generosos que difieren a los otorgados a las clases populares, constituyéndose en un estado débil desde el punto de vista de las realizaciones sociales.
Imposible desconocer que estamos inmersos en una crisis de credibilidad, donde la corrupción tanto en el sector público como privado es noticia diaria, una desconfianza hacia el gobierno central por la falta de claridad en ciertas políticas de estado, más entregado a la defensa de un ex presidente encartado judicialmente, un manejo fragmentado del acuerdo de paz, reformas congeladas en lo político, electoral, justicia, pensiones, unos partidos políticos ajenos a la realidad social, rescatando los serios esfuerzos de la corriente liberal para actualizar su ideario ideológico como partido mayoritario, abanderado históricamente de las causas populares o del vulgo doliente como lo denominaba Gaitán.
Pero no toda la negatividad se la lleva el ejecutivo, ¿qué no decir de los bajos índices de favorabilidad de la rama judicial, con bochornosos procederes de magistrados empresarios en la venta de fallos judiciales? o aquellos que se prorrogan su periodo constitucional, sin que se produzcan las sanciones disciplinarias como penales por parte de los organismos competentes.
Como no mencionar las vicisitudes por la que atraviesa la policía nacional, con enfrentamientos internos con una inexperta y conflictiva alcaldesa, las denuncias de hechos que atentan contra la trasparencia y moral administrativa, donde algunos de sus miembros la han colocado en la picota pública, originando un estallido de indignación, aunado a otros factores sociales, de desempleo, violencia generalizada, las muertes de líderes sociales, una economía en picada, invasiones de tierras, estando muy cercano el momento que se vive a etapas del pasado que creíamos superadas.
La síntesis de lo expuesto se puede consignar en lo que pide la sociedad sana del país: que se gobierne con aplicación del marco constitucional y legal vigente, si se desea ganar día a día esa credibilidad perdida.
La desconfianza es un pecado que no puede permitirse en ninguna de las tres ramas del poder público, estando a tiempo de corregir para evitar lamentaciones futuras.
ADENDA: En el año 2013 se presentó un cambio normativo en cuanto al periodo institucional como individual del fiscal general de la Nación el cual por mandato legal era institucional de cuatro años, convirtiéndolo en individual para favorecer la permanencia del que fungía como tal quien reemplazaba a la fiscal Viviane Morales.
Ese favorecimiento se produce por un fallo del Consejo de Estado, pagando con creces ese favor jurídico a través de contratos millonarios como el que recibió el exmagistrado GIL BOTERO, por una suma superior a los $ 700 millones de pesos, quien ahora aparece favorecido con otro millonario contrato de asesoría jurídica por más de 2,200 millones con una duración de 7 meses por parte de las Empresas Públicas de Medellín.
Lo significativo de lo denunciado por un estudioso columnista de El Tiempo radica en que el contratista se desempeña como Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justica de los países iberoamericanos con sede en Madrid, organización a la que contribuye el tesoro colombiano, lo que implicaría una inhabilidad del exministro y exmagistrado para ejercer el litigio, o por lo menos un impedimento moral.
¿Será que algún organismo de control se pronuncia para dilucidar si estamos frente a una posible inhabilidad, o frente a una inmoralidad no punible como las denominaba el profesor Luis Carlos Pérez, o lisa y llanamente frente a un indelicado profesional del derecho?
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