Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor.
Imposible negar que se atraviesa por un momento crítico, del que puede resultar el desmoronamiento de la poca democracia que nos queda, para desembocar en un conjunto de violencias que confluyen entre sí, paros, reclamos de la comunidad, encasillados en lo que se ha denominado la protesta social, donde nadie respeta las instituciones y las instituciones a través de sus autoridades acuden al abuso de las funciones que viene originando el descontento airado por la forma cómo actúan algunos de sus miembros.
Duele decirlo, pero la Bogotá azotada por la pandemia del COVID, con un 40 por ciento de los comerciantes en quiebra, un desempleo galopante, la seguridad al garete, cinturones de miseria, se le suma una protesta social con origen en una arbitrariedad de la autoridad, por cuanto en un estado de derecho los agentes del orden están para proteger al ciudadano y no para convertirse en una amenaza uniformada.
La protesta social constituye una conducta atípica, como tal debe ser tratada por las autoridades, surgiendo el deber de gobernar a favor de lo social, respetando al contradictor y el libre disenso, garantizando el orden cuando la misma se desvía de sus claros propósitos, como un deber del gobernante, dejando de lado cualquier atisbo ideológico como pareciera darse en la ciudad capital.
No debe confundirse las expresiones colectivas que equivalen a un “NO” rotundo a la situación presente del país, a la forma como se le gobierna, tanto en lo nacional, como en lo distrital, a la inconformidad social por las injusticias que caracteriza la estructura estatal, con el vandalismo organizado, que busca crear el caos, el desorden, donde solo gana la anarquía, con un grave detrimento para el patrimonio público que representará ingentes erogaciones presupuestales que salen de los impuestos que cancelamos.
Se equivocan quienes quieren darle un significado diferente a esas demostraciones de inconformidad, olvidando que estamos inmersos en una crisis de credibilidad, un sentimiento de desconfianza hacia el gobierno central por la falta de claridad en ciertas políticas de estado, como el distrital, sumido en pugnas de poder, de figuración mediática, dando la sensación que se llegó al gobierno sin ninguna preparación en el manejo de los asuntos públicos, por la forma como se desempeña, decisiones confusas, nulas relaciones con el Concejo y reiterados enfrentamientos con el ejecutivo central arrogándose competencias que no le corresponden.
Se está a tiempo de direccionar la forma de gobernar, recordándoles la máxima del filósofo francés cristiano Blaise Pascal apropiada para el momento: “la justicia sin la fuerza es irrisoria, la fuerza sin la justicia es tiránica”.
ADENDA. Deshonroso como desconcertante las denuncias por acoso sexual y otras graves anomalías contra varios integrantes de la Sala Disciplinaria del C. S. de la Judicatura en mora de ser reemplazada para bien de la ética judicial por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde continúan ejerciendo unos funcionarios que han rebasado el periodo constitucional, contrariando pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la ilegalidad de esas actuaciones.
¿Hasta cuándo la comunidad judicial como jurídica tendrán que soportar el abuso por parte de estos indelicados burócratas de hecho ?