Opinion

“OH LAS INTONSAS GENTE DANDO SIEMPRE OPINIONES” León de Greiff.

Por: José Oscar González Hernández. Se desempeñó como alcalde de Pensilvania, Diputado a la Asamblea de Caldas, Personero de Manizales.

Esta semana nos encontramos con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un organismo de la OEA, en donde es embajador el doctor ALEJANDRO ORDOÑEZ VALDERRAMA, en donde condena al Estado Colombiano por la sanción del alcalde de Bogotá en su momento, Gustavo Petro, con destitución.

Al hacer memoria tenemos que recordar que la Procuraduría en su momento sancionó con destitución al alcalde Petro por su desastroso manejo en su momento al tema de las basuras en la capital. Recordemos que en su momento la plaza de Bolívar se llenaba todas las tardes a la convocatoria para protestar por la destitución de su líder. Recordemos que hubo mucho desorden y se dijo de todo, pero el alcalde muy hábilmente logró que la Corte Interamericana decretara unas medidas protectoras y logró seguir en el cargo.

Pero dicha pelea no terminó ahí; el destituido demandó su sanción ante el Consejo de Estado y a su vez demandó ante la Corte Interamericana sobre la protección de los Derechos Políticos en su artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las dos las ganó, firmada hace ya muchos años, pero aún vigente y el Estado Colombiano es firmante.

Dentro de lo escrito en el fallo de la Corte Interamericana nos dice que el artículo 23.2 de dicha convención es claro en el sentido de que dicho instrumento, la destitución de autoridades elegidas popularmente, no permite que un órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción a una persona por su conducta social, para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y a ser elegidos, sólo se pueden remover por acto jurisdiccional, es decir una sentencia que la emita un juez de la república.

El Tribunal advierte que la principal controversia planteada en el presente caso es determinar si la destitución e inhabilitación ordenada por la Procuraduría, el procedimiento y el marco normativo que las sustentan, así como los recursos intentados para combatirlas, constituyeron una violación a los derechos políticos.

La Corte consideró que la sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular por infracciones meramente administrativas que no constituyen delitos no satisface el estándar de proporcionalidad estricta en virtud del grado de afectación a los derechos políticos, y además constituye una afectación a la libre expresión de la voluntad de los electores mediante el sufragio universal. Asimismo, consideró que del artículo 23.2 se desprende la existencia de una regla clara conforme a la cual la sanción de inhabilitación para funcionarios elegidos popularmente.

Los representantes están protegidos en toda circunstancia, y solo pueden ser suspendidos o derogados en atención a lo dispuesto por el artículo 23.2 de la Convención. En ese sentido, manifestaron que los requisitos que deben atenderse cuando se trata de una restricción de los derechos políticos por vía de sanción son: a) que exista condena; b) que dicha condena sea impuesta por un juez competente; y c) que la sanción proceda de un proceso penal. Los representantes afirmaron que en la Convención Americana los derechos políticos gozan de una protección reforzada, pues no pueden ser suspendidos ni aún en estados de emergencia.

En la sentencia no se habla de fallo, sino de una “declaración” y nos dicen que el Estado Colombiano es responsable por la violación del Derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente se insta al Estado Colombiano para que adecúe el ordenamiento jurídico a esta disposición.

La reflexión que me queda después de este fallo es que está pasando en los juristas de Palacio y de los ministerios, porque siempre que se presentan estas controversias en el nivel internacional los que demandan al Estado y la mayoría de las veces son personas de ideología distinta a los gobernantes, siempre perdemos.

No estudiamos, firmamos los Pactos y Acuerdos Internacionales y no más. Creo que se debe comenzar una nueva era en materia de los litigios contra Colombia.

Lo más visto

Subir