Opinion

ESTADO DE DERECHO O ESTADO RODIN

Por: J. F. Paz – Ex magistrado / Consultor.

En teoría a partir del 91 Colombia se erigió como un estado social de derecho, donde todas sus instituciones deben estar sometidas al marco jurídico existente, pero pareciera que dé social solamente tenemos el enunciado del artículo 1.

En contraste el Estado Rodin es aquel en el cual los órganos de poder no se sujetan a las normas jurídicas, sino que actúan al vaivén de los intereses políticos y de conveniencia que se acomoden a sus pretensiones o momentos políticos específicos, esculpen el derecho con el cincel de la interpretación subjetiva para acomodarlo a su propia creación con un grado de perfección propia de la edad de bronce.

Se dice lo anterior, por cuanto informan los medios de una demanda de dos universitarios contra la elección del turista fiscal nombrado por la Corte Suprema para un periodo individual siéndolo institucional, conceptos modificados por el Consejo de Estado para favorecer al fiscal de entonces elegido para reemplazar a la actual embajadora en Paris, retirada del cargo por sentencia judicial.

Ese Fiscal en el ejercicio del cargo pagó con creces la magnanimidad del fallo judicial con contratos profesionales a varios consejeros, entre ellos uno por varios millones de pesos, quien luego fungió como Ministro de Justicia del gobierno Santos, aspirante a la Procuraduría General de la Nación.

Las normas jurídicas eran claras que no admitían interpretación alguna, pues allí se decía que los “periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual fue elegido”.

Independientemente de la calificación que se le pueda dar al actual fiscal en el ejercicio del cargo, jurídicamente y en derecho su periodo es institucional, elegido para completar lo que le faltaba al ex fiscal Martínez Neira. Lo demás es manejo subjetivo para favorecer intereses personales o de grupo.

No se debe olvidar que la correcta interpretación de la ley es la que fundamenta los niveles de credibilidad ciudadana en la justicia hoy en cuidados intensivos, padeciendo una enfermedad más letal que el COVID -19.

Así las cosas, que el Consejo de Estado resuelva dentro del marco del estado de derecho la demanda que tiene para su estudio y determine si el periodo culmina a fin de año o si se extiende por un periodo de megalomanía de 4 años, entendiendo por tal a la persona que se comporta como si tuviera una posición social, política y económica muy superiores a las reales.

ADENDA 1.- ¿Qué pensarán empresarios, constructores, pequeños comerciantes y todas aquellas personas naturales y jurídicas que lucharon para no cerrar, se allanaron a las condiciones impuestas por el Distrito relativo a los requisitos de sanidad, cumpliendo a cabalidad con los protocolos exigidos, con millonarias inversiones, que los habilitaba abrir sus negocios, cuando ahora se les dice que vuelve un rígido aislamiento no permitiéndoles continuar con esa gradual apertura?

Otro nuevo periodo de aislamiento a quienes batallaron por sobrevivir, ahora deben cerrar sus negocios por unas políticas erradas en materia sanitaria donde el único medidor para la pandemia es la ocupación de las UCI, con un terrorismo casi intimidatorio de las autoridades distritales.

No dudamos en afirmar las demandas de reparación directa, por los perjuicios irrogados, frente a la improvisación administrativa en el manejo de la pandemia, que nos demuestra una total orfandad en las decisiones oficiales.

ADENDA 2.- Curiosa interpretación de la Constitución por parte de la Corte frente a las sesiones virtuales del Congreso de la República establecida en el artículo 12 del Decreto 491 de 2020, dejando en firme los proyectos aprobados, ya que se presume legal su actuación, o sea, que la constitucionalidad para la corte es dividida, constitucional lo realizado, inconstitucional hacia el futuro.

Pensábamos que su misión era la de establecer si un determinado decreto es constitucional o no, sin decisiones acomodaticias.

ADENDA 3.- Diciente la comunicación dirigida por el Colegio Profesional de Generales en Retiro a la alcaldesa de Bogotá por su desaguisada actuación en una rueda de prensa al arrebatarle el micrófono al Comandante de la Policía de Bogotá. Allí se dice: “El respeto, no solo entre el jefe de policía y el comandante de la policía, sino entre todos los ciudadanos, es el único camino para encontrar la armonía, el éxito y la prosperidad de toda la comunidad”. Solo decir que se ha venido perdiendo la dignidad de gobierno.

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