Por: J. F. Paz – Ex magistrado / Consultor.
La pregunta a formular sería ¿Opera en Colombia una justicia que garantice y respete los derechos de los ciudadanos, definiendo en tiempo razonable las pretensiones invocadas, con fallos coherentes y justos?
Contestaríamos diciendo, que es evidente que el país se encuentra atravesando por un momento crítico de su historia institucional, con un sistema judicial que no trasmite confianza ciudadana, debiéndose reconocer la existencia de la crisis judicial, el desprestigio de ciertas corporaciones creadas con los mejores augurios, pero que han venido perdiendo credibilidad por sus propias actuaciones, no propiamente por la brillantez de sus providencias, sino por sus acciones torticeras y escándalos de algunos de sus miembros, hasta el punto de hablarse de un cartel de la toga.
Son muchas las voces tanto de juristas como de comentaristas de opinión que vienen ventilando el tema de la necesidad de una reforma a la estructura judicial que rige en el país, diseñada por la constituyente del 91, ya que poco o nada se ha avanzado para hacer de la justicia una herramienta eficaz para el desarrollo social y garantía de los derechos individuales y colectivos.
No puede considerarse como verdadera justicia el esperar 6, 7 o más años un fallo judicial, muchas veces con decisiones distantes de la pretensión invocada, o lo más deprimente sentencias inhibitorias proscritas por la ley, en donde el juez da respuestas muertas a preguntas vivas, incurriéndose en errores jurisdiccionales como fuente de denegación de justicia que terminan en demandas contra el Estado.
La congestión y el atraso judicial campean en los despachos judiciales, fallos a destiempo, el formalismo procesal, el atraso informático que ha impedido el manejo del expediente electrónico, evidenciado en esta etapa de pandemia sanitaria, cierres de despachos, que tanto traumatismos les ha ocasionado a usuarios como a litigantes.
Como quisiéramos ver un diseño diferente para juzgar disciplinariamente a los magistrados de las altas Cortes, abogados litigantes, jueces, concretar en el funcionario las funciones eminentemente procesales y judiciales, despojándolo de las acciones administrativas, ejecutivas y electorales.
Definir de una vez la existencia o no del Consejo Superior de la Judicatura, venido a menos en los últimos años por su politización y la poca estatura académica como jurídica de sus integrantes, regresar por la seguridad jurídica, una reforma que la dignifique, el rol que debe asumir la justicia, el derecho y el juez en ésta época de cambios sociales, en donde las tres ramas del poder público incluida la judicial, deben rendirle cuentas a la sociedad, como decía Nietzsche “interrogar a la ciencia“, en nuestro caso, desde la perspectiva de la justicia.
Que se proyecte una reforma seria, estructural, consensuada, pero no negociada, que se tenga en cuenta al litigante, al ciudadano de a pie, que solo le interesa que sus demandas judiciales sean atendidas y resueltas en tiempos razonables; de no darse estas aspiraciones, se debe emprender una campaña para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente o constitucional para el tema específico de la justicia, como lo insinúan voces autorizadas en escritos recientes.
ADENDA 1. Nubarrones en el panorama político electoral para la escogencia de las personas que ocuparían dos cargos de importancia suma para la paz social como lo son la Procuraduría General de la Nación, como máximo organismo del ministerio público, conformado además por la Defensoría del Pueblo entidad creada por la Constitución del 91.
La categoría de dichos organismos impone severas condiciones personales, académicas, profesionales, respetabilidad social, de quienes aspiren a formar parte de las ternas, y no expertos en el lobby político burocrático.
Con los primeros nombres que se ventilan surgen inmensos interrogantes, ambos provenientes de una corporación judicial que se resiste a su eliminación de la estructura judicial, como lo son los de Ruiz y Lizcano, ilustres desconocidos para el país nacional y de los derechos humanos, pero sí muy reconocidos en el mundillo de la manzanilla parlamentaria.
ADENDA 2.- Paradójico sería que quien presida el Congreso en la próxima legislatura ordinaria que se inicia el 20 de julio donde se tramitaría la proyectada reforma a la justicia esté investigado por la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal por presuntos actos de corrupción electoral. Una afrenta a la justicia como a la poca democracia que nos queda.
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