Por: J. F. Paz – Ex magistrado / Consultor.
La crisis sanitaria por la que atraviesa el país, con un aislamiento que, producirá negativos efectos en la economía nacional, se le suma un aspecto judicial que debe preocupar, que corresponde a la figura del vencimiento de términos que viene siendo aprovechado por sindicados y algunos mañosos abogados para invocar su aplicación en favor de sus patrocinados.
La utilización de esta salida jurídica se constituye en una fuente de denegación de justicia, una burla al sistema judicial colombiano, una bofetada a lo que debe entenderse por justicia, sin desconocer que a un procesado por cualquier delito le asiste el derecho que en términos razonables se le resuelva su situación jurídica, si es culpable o inocente, como garantía constitucional que tienen las personas envueltas en líos judiciales, cuyo fin teleológico es que la administración de justicia de manera injusta o arbitraria prive de la libertad a un ciudadano.
Cierto es, que la ley colombiana regula la libertad por vencimiento de términos cuando haya trascurrido un tiempo para el escrito de acusación o preclusión, o cuando han vencido los términos a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, y no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, que constituye la última etapa de un proceso penal.
Pero no menos cierto lo es, que también la ley es clara al determinar que el cumplimiento de los términos para otorgar la libertad no se podrán contar los días cuando los procesos no se hayan podido iniciar o terminar por las maniobras engañosas, dilatorias del sindicado o de su apoderado defensor, que es lo que en la práctica viene sucediendo, donde ha faltado disciplina procesal, rigurosidad de los operadores judiciales al permitir esa torticeras actuaciones, al no hacer uso de las facultades que le otorga la ley, ordenando se compulsen copias para las investigaciones disciplinarias del caso para esos abogados acostumbrados a litigar a través del esguince legal o especialistas en perturbar el normal desarrollo del proceso penal.
Mientras tanto, todo seguirá igual, burla total a la justicia, impunidad rampante, corrupción, compra de conciencias, desprestigio del estamento judicial, indignación de una sociedad que observa perpleja que por la negligencia oficial o dilación de la parte se beneficien a tanto malandrín auspiciadores de la corrupción que carcome las estructuras del estado, con un agravante, no solo desaíran a la justicia, sino que ni siquiera son objeto de la sanción social, que en muchas ocasiones los recibe con homenajes de desagravio.
Algo habrá que hacerse, el no actuar a tiempo con reformas normativas implica el triunfo de una clase deshonesta frente a una justicia deficiente en su funcionamiento, donde solo sale perdiendo la sociedad sana del país.
Se impone la necesidad de tecnificar la labor de los fiscales que les permita maximizar su eficiencia, con un trabajo mancomunado con los jueces ordinarios, para no seguir presenciando esta clase de excarcelaciones. La pregunta a formular sería. ¿Cuántos colombianos están privados de la libertad sin decisión jurídica alguna, muchos con apoderados de oficio? y ¿cuántos condenados injustamente?
Adenda: Por los despropósitos que a diario ocurren en el país, desde los actos de corrupción, tanto en lo público como en lo privado, el abuso de la función pública, la vulneración de las normas superiores, con una justicia selectiva para favorecer intereses individuales y de grupo, con gobernantes de papel, alucinados con el poder, Colombia más que un país democrático pareciera ser una “República bananera.” Que Dios nos coja confesados.