Por: J. F. Paz – Ex magistrado / Consultor.
Es claro el mandato constitucional del artículo 228 cuando dispone: “las actuaciones de la administración de justicia serán públicas y permanentes…..“ lo que significa que dicha función, calificada como pública y permanente se debe ejercer de esa forma, lo que no viene ocurriendo en el momento actual por la epidemia que afecta el territorio nacional, con la suspensión de términos y cierre de los despachos judiciales para la atención al público por parte de los organismos rectores de la rama a nivel nacional.
Preocupa lo planteado por el represamiento y congestión de los despachos en todas las jurisdicciones, sumado a otras circunstancias que hacen inoperante el aparato judicial en el país, que la tiene con bajísimos índices de credibilidad ante la opinión pública, que se traducen en el atraso judicial, indebida interpretación de las normas legales, incumplimiento de los términos elevados a rango constitucional, sin contar con la falta de compromiso de algunos funcionarios con los resultados del proceso, para eliminar la lentitud extrema en su tramitación, como el trato descortés hacia el ciudadano y litigante.
Qué no decir de la figura del permiso judicial para ausentarse de las funciones propias del funcionario, consagrado por la ley 270 de 1996, pero reglado “por causa justificada “, y no como groseramente se utilizó en una época para agasajar a un superior jerárquico en un tour por el Caribe, que incluyó el puerto de Colón de Panamá, como una simple noticia periodística, en lugar de severas sanciones disciplinarias.
También se viene desconociendo el mandato constitucional del Art 229 que garantiza a todas las personas…. “el libre acceso la justicia…” con los enormes perjuicios para la comunidad, gremio de litigantes que dependen de su ejercicio para el sustento familiar y profesional, sin considerar la vacancia judicial llamada por un colega el “agujero negro en la administración de justicia,” cuando debieran ser individuales conforme a lo establecido en la legislación laboral en condición de igualdad de derecho con todos los trabajadores, lo que indica que en promedio la justicia colombiana trabaja 223 días como año laboral judicial.
No nos llamemos a engaño, la crisis de la justicia en nuestro país está estrechamente ligada a la falta de productividad, gestión, eficiencia, la violación de la constitución, sin que se avizore una política de estado para mejorarla, acercarla a la sociedad, volver por su credibilidad, alejada de los escándalos como el llamado cartel de la toga, cuyas investigaciones empiezan a diluirse con el manto de la total impunidad.
La parálisis judicial trae consecuencias patrimoniales, ciudadanos esperando años una sentencia, usuarios buscando una definición procesal, que ojalá que cuando pase esta crisis sanitaria los resultados se vean reflejados con el trabajo en casa, no sin antes reclamar estrategias informáticas para impulsar los procesos, como las audiencias virtuales, utilizando las aplicaciones que permitan realizar audiencias de trabajo, en otras palabras, modernizar el aparato jurisdiccional colombiano.
Como quiera que se anuncia para el 27 de este mes un foro virtual con claras propuestas para la reactivación plena de la actividad judicial a través del proceso digital, estaremos pendientes de sus conclusiones, que contribuyan a resaltar el principio de ser la justicia un servicio público esencial del Estado, la cual no puede estar sometida al aislamiento social.
No olvidar que la “la paz tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la pronta y cumplida justicia.”
ADENDA. A propósito de los nuevos gobernantes elegidos popularmente en las pasadas elecciones para los entes territoriales, unos con vasta experiencia administrativa, otros con escasos o nulos antecedentes en la gestión pública, que los tiene con cuestionamientos y reproche ciudadano, pero asumiendo posiciones dogmáticas y envanecidos de poder, conveniente recordarles una interesante anécdota, para que les sirva de ejemplo: Siendo presidente el general Pedro Alcántara Herrán, le ofreció a don Julio Arboleda la Secretaria de Asuntos Exteriores, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores. Contaba Arboleda pocos años, había alcanzado numeroso triunfos, con la espada, con la lira y con la palabra, y esa ambición que en su caso sería justa de sentarse al gabinete de tan importante ministerio, no lo cegó y con tanta virtud como patriotismo contesto así a la solicitud del presidente: ”entre no servir a la patria y servirla mal, opto por lo primero, si es verdad que mis estudios en Inglaterra pueden calificarme de diplomático, hay una calidad de que carezco, la EDAD y no pudiendo reemplazar tal carencia, me expongo a que la nación sufra los errores de mi INEXPERIENCIA“. Indudablemente, eran otros tiempos y otras gentes.