EDITORIAL
Esta semana que acaba de pasar se conoció el decreto legislativo 580 del 15 de abril de 2020 mediante el cual se deja en poder de los alcaldes la facultad de subsidiar los servicios público en sus municipios hasta el 31 de diciembre de 2020.
Sobre este Decreto Legislativo hay que hacer precisión en que no obliga u ordena a los alcaldes, claramente emplea el término “podrá” lo que es optativo, esto significa que cada burgomaestre decide si lo implementa total, parcialmente, o no.
Ante este Decreto han surgido dos clases de oportunistas. Los primeros son los políticos, parlamentarios, diputados y concejales que han salido prácticamente al unísono a pedir a los alcaldes que sus municipios o empresas de servicios públicos asuman esta carga presupuestal, sin detenerse a analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Ninguno ha presentado un análisis serio de la forma cómo se deba implementar la medida sin colocar en riesgo las finanzas del ente territorial y de la entidad; y entre otras cosas, como se dice en el argot popular, podrían estar litigando en causa propia ya que pueden tener propiedades que salgan favorecidas porque se subsidia es la factura no a las personas.
Los segundos, son los oportunistas de siempre. Aquellos que no se han visto afectados por la crisis y conservan sus ingresos como los funcionarios públicos o trabajadores de la mayoría de las empresas serias, y quieren que se les subsidien el pago de servicios públicos. En esta clase también caben quienes no tienen ninguna dificultad económica y pretenden ser beneficiarios. Es vergonzoso ver personas propietarias de empresas y con rentas, buscando provecho propio.
El Gobierno Nacional a través de medidas como esta, está incentivando la cultura del no pago. La norma fue mal concebida o mejor, mal entendida. El objetivo de esta clase de beneficios, como otros subsidios y auxilios, van encaminados única y exclusivamente a favorecer a quienes se han visto privados de sus ingresos debido al aislamiento como los taxistas, conductores de servicio público, meseros, músicos, dueños de bares y restaurantes, mensajeros, día a día, loteros, vendedores de chance, empleados de almacenes, peluqueros, vendedores ambulantes, ayudantes de buses, empleados gimnasios, sector turístico, comercio minorista, obreros de la construcción, y todos quienes desempeñan labores por el estilo.
En este orden de ideas, un profesor o un empleado público por qué tienen que salir beneficiados con estos subsidios si no han ni dejarán de percibir sus salarios y están trabajando desde sus casas, o muchas de las personas que viven en el campo y trabajan sus fincas, o los propietarios de supermercados y droguerías, etc ? Por ello las ayudas no llegarán a quienes realmente las necesitan.
Ahora bien, la cultura de no pago y los subsidios, pueden llevar a una empresa de servicios públicos, a la quiebra en el mediano plazo, y en ese escenario todos saldremos perjudicados. En otras palabras, puede resultar peor el remedio que la enfermedad.
Manizales, abril 19 de 2020.
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