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ALCALDES Y GOBERNADORES DEBEN RESPETO Y ACATAMIENTO AL PRESIDENTE IVÁN DUQUE, AFIRMA OMAR YEPES

El Presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Alzate, se pronunció en la tarde de este jueves sobre la actitu asumida por algunos alcaldes y gobernadores frente a las directrices del Presidente de la República, Iván Duque.

A través de su cuenta de facebook, Omar Yepes afirmó lo siguiente:

“El presidente de la república es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa de la nación (art. 189 de la Constitución Nacional), y es el símbolo de la unidad nacional (art. 188, Const. Nal) y por lo mismo se le debe acatamiento. Preocupa la actitud de algunos gobernantes regionales y locales que cuestionan y hasta repudian los actos producidos por el gobernante en razón de la crítica situación que vive el país en virtud del corona virus que nos invade y que amenaza gravemente la salud de los colombianos. “No es asunto de vanidades” predica la alcaldesa de Bogotá como respuesta al decreto emitido por el presidente @IvánDuque y que pone en tela de juicio su disposición de hacer un simulacro en la capital para tratar de educar a los bogotanos en el tratamiento de la crisis. Es un desafío o una altanería.

Alcaldes y gobernadores deben respeto y acatamiento a lo que disponga el primer mandatario en materia de normas para enfrentar los riesgos que padecen los colombianos. No es insolentándose como se debe responder a los actos de la autoridad central. Entendemos el nerviosismo que afecta a algunas autoridades, pero ello no les da licencia para desatender las reglas que se imponen desde la presidencia. En la estructura legal colombiana es muy claro que existe una escala jerárquica a la que hay que atender y una graduación normativa que se debe respetar.

Existe un Procurador General de la Nación que es el supremo director del ministerio público (art. 275, Const. Nal) y a él le corresponde “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, y los actos administrativos” (art. 277, Const. Nal) y “ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular”, para ejercer el poder disciplinario e imponer las sanciones conforme a la ley. Esperamos que el procurador se pronuncie.

El país no puede caer en el desacato a la autoridad jerárquica, y mucho menos en el caos que pretender provocar los enemigos de la institucionalidad y del gobierno democrático que regenta a los colombianos.”

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