EDITORIAL
El nuevo Fiscal General de la Nación durante su posesión, lanzó una propuesta interesante a la cual no se le ha dado la importancia que realmente tiene en un país que pretende sanear las viejas costumbres políticas que tanto mal le han hecho.
Según Francisco Barbosa, el nuevo Fiscal, es importante dejar de lado las “agendas dobles” y propuso impulsar una inhabilidad temporal para el Fiscal, Procurador y Contralor, que evite iniciar campañas presidenciales mientras se cumplen las funciones institucionales.
Esto significa que estos tres altos funcionarios no podrían aspirar a la Presidencia de la República, por lo menos en forma inmediata una vez salgan de sus cargos.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría y Contraloría se han convertido en acumuladores de grandes poderes por su función de órganos de control del Estado, su autonomía administrativa, financiera y presupuestal; y, sobre todo, por sus grandes burocracias.
Sin distingo alguno, en esas tres entidades se hace política con la nómina. Todos los parlamentarios y los altos magistrados tienen sus cuotas allí. La burocracia se maneja en forma milimétrica y para muestra un botón: En Caldas todos sabemos que los procuradores regional y provincial uno es liberal y el otro de La U; que los tres contralores provinciales se los distribuyeron de la siguiente forma: uno conservador, uno liberal y uno de La U; y que la fiscal regional vino recomendada de la Corte Suprema de Justicia.
Esto significa ni más ni menos, que el contralor general, el procurador y el fiscal, distribuyen su nómina básicamente entre altos magistrados, seguramente para blindarse ante futuras investigaciones; y parlamentarios y políticos para asegurar apoyos futuros a sus aspiraciones.
Esta es una de tantas alcahueterías de los altos funcionarios del Estado con las que se debe acabar en Colombia, y la inhabilidad no solamente debería cobijarlos mientras ejercen sus funciones, si no mínimo durante el período siguiente.
De esa forma se dedicarían a cumplir con sus funciones sin sufrir las tentaciones de ejercerlas con carácter político y cálculo electoral.
Pensilvania, febrero 23 de 2020.
