Por: Alejandro Loaiza Salazar – Enlace Congreso de la República. Oriundo de Samaná, con estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
22 febrero 2020
La indignación de la gran mayoría de las personas en Colombia por el pésimo uso de los recursos públicos, los increíblemente altos indicadores de corrupción, así como la profunda crisis de desconfianza en el Estado y sus instituciones ha llevado a generar entre algunos políticos una actitud vergonzante.
Hoy son pocos los elegidos democráticamente que no titubean al momento de presentarse como políticos, prefieren decir que son técnicos con vocación de servicio y alto carisma, o simplemente ”outsiders” que llegan pretendiendo refundar los modelos y cambiar el mundo.
Esta actitud vergonzante ha llevado a incentivar los populismos en nuestra nación, pues los que antes eran llamados estadistas, que hoy no dejan de ser agiles electoreros, no son capaces de generar iniciativas que rompan con los falsos paradigmas y generen cambios estructurales a partir del estudio de las ciencias políticas, sociales y económicas, todo lo contrario, se dedican a difundir lo que las masas quieren escuchar, inclusive cuando se encuentran equivocadas. Ya lo decía Facundo Cabral en su canción:
“Mi abuelo era un hombre muy valiente, sólo le tenía miedo a los idiotas. Le pregunté ¿por qué?, y me respondió: porque son muchos, y al ser mayoría eligen hasta al presidente.”
Cuando el populismo se traslada a las discusiones en el Congreso, es decir, cuando existe populismo legislativo, aparecen propuestas como la presentada por el recién posesionado Fiscal General de la Nación, incorporada por la muy “oportuna” ministra de justicia en el borrador de reforma a la Justicia presentado a las comisión primeras del congreso, y mediocremente copiado por congresistas como Gabriel Santos del Centro Democrático, al tratar de ponerle una inhabilidad electoral a quienes encabezan diferentes entidades del estado.
Dicen los dos últimos incisos del artículo 2 del Proyecto:
“Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, miembros del consejo superior de la judicatura, de la comisión de disciplina judicial, miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del pueblo, Contralor General de la Republica y Registrador Nacional del Estado Civil.
Los anteriores servidores no podrán postularse a cargos de elección popular sino cuatro años después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.”
De ser aprobada esta propuesta, no sería raro que en un futuro termináramos en redacciones como: “Solo podrán aspirar a cargos de elección popular aquellos que nunca han ejercido un cargo público”.
Quienes han pasado por cargos como los anteriormente nombrados, exceptuando los cargos al interior de la Rama Judicial, son políticos por naturaleza, ya probados en el difícil y complicado mundo de la función pública, con la suficiente experiencia para evitar menos yerros en el ejercicio de sus cargos, que cualquier otro novato inexperto que fuera elegido solo por su condición de cargar la maleta de quien fuera el jefe de su partido.
El límite de 4 años, es a todas luces excesivo para que una persona regrese a la arena electoral, esto solo provoca el fenómeno de la política en cuerpo ajeno, librando responsabilidades, o inclusive mayor captura del Estado para evitar perder vigencia.
Como en Estados Unidos, referente para nosotros en infinidad de discusiones, deberían los funcionarios públicos, exceptuando repito a los miembros de la rama judicial, poder no solo manifestar abiertamente sus preferencias electorales, sino hacer política inclusive en ejercicio de sus cargos, salvo aquellos que generen abiertamente incompatibilidades.
Quien se atreve a decir que en nuestros pueblos un alcalde o un secretario y de allí jerárquicamente hacia abajo, no hace política subrepticiamente, los negocios son más transparentes cuando se hacen por encima de la mesa.
Si no son ellos quienes tienen la vocación y el conocimiento para ejercer cargos de elección popular ¿entonces quienes?
