Opinion

“EN ESPAÑA NO QUEREMOS VER AL ADVERSARIO NI VENCIDO NI CONVENCIDO. LO QUEREMOS VER ANIQUILADO”. Arturo Pérez Reverte en una “historia de España”.

Por: José Oscar González Hernández. Se desempeñó como Alcalde de Pensilvania, Diputado a la Asamblea de Caldas, Personero de Manizales.

Dentro del relax que se vive en los primeros días del año van saliendo a la luz pública mucha información que hasta los mismos medios de comunicación la pasan por alto. Fuimos informados que UBER, para muchos un servicio de taxi, pero para el gobierno es una plataforma o mejor una app que está en todos los teléfonos celulares del mundo y especialmente de nuestro país, va a demandar al país aprovechando disposiciones que se encuentran incluidas en el TLC con los Estados unidos.

En Google nos encontramos la siguiente información de Uber. “Es una app de movilidad compartida que te permite reservar un viaje o dar vuelta en patineta con solo pulsar un botón”. Desde que dicha aplicación llegó al país por allá en el año 2012, pero comenzó a funcionar en el año 2015 ha tenido la oposición de los sectores del transporte, taxistas; y todo se reduce que la acusan de competencia desleal. Para nadie es un secreto que en las grandes ciudades capitales existe un monopolio de propietarios de taxis y con dicha aplicación de uber se les merma de manera dramática sus ingresos; amen del poder de chantaje que tienen dichos propietarios frente a los gobiernos de turno.

A finales del año anterior un Juez de la república dictó una sentencia en donde dispuso que en dicho caso había competencia desleal. Por la anterior la Superintendencia de Industria y Comercio acatando dicho fallo le ordenó a uber cesar la prestación de sus servicios e igualmente notificó a los operadores celulares desconectar dicha aplicación.

La respuesta de uber fue iniciar una controversia en un Tribunal de Arbitramento, fuera de allanar unos pasos previos que se deben dar para llegar al tribunal respectivo.

Creemos que todas las personas naturales y jurídicas tienen todo el derecho a demandar y pedir la protección a las autoridades cuando crean que sus derechos están siendo conculcados. Pero se nos vienen varios recuerdos de multinacionales que más se demoran en firmar cualquier clase de contratos y a los pocos días ya están demandando al Estado Colombiano. Parece que el único objetivo era firmar el contrato para de ipso facto correr a presentar la demanda. No se nos olvide que la mayoría de los abogados que representan a los quejosos son colombianos y se prestan muchas veces para bregar a pescar en río revuelto en contra del país.

Miremos el caso de Motta Engil la firma portuguesa que le adjudicaron una construcción grande de instituciones educativas a lo largo del país. Qué fiasco con dicha empresa. Firmaron, cobraron los anticipos y a su vez incumplieron con la terminación de las obras y hasta el momento el Ministerio de Educación sólo ha dicho unas disculpas pendejas y no ha procedido a terminar dichos contratos. La más de las veces le echan la culpa al gobierno anterior. Pregunto: Dicha contratación no debía de tener las pólizas legales como la de cumplimiento? Por favor díganos la verdad.

No se nos olvide que la corrupta Odebrecht también nos amenazó con demandarnos y que miedo de tanto corrupto junto.

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